jueves, 26 de diciembre de 2002

Bush: abriendo las puertas del infierno

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 26 de diciembre de 2002.

En la articulación de la política exterior de Estados Unidos siempre ha sido notable la brecha entre el discurso de la estabilidad y la democracia, y las acciones de diplomacia abierta y clandestina, generadoras de feroces dictaduras, incertidumbre político-militar, crisis económica, caos y guerra. En el núcleo de esta contradicción entre estabilidad y caos, está la relación simbiótica entre el Estado y la corporación, y la centralidad en esa política, de los intereses cortoplacistas del alto empresariado.

Que los impulsos de centrifugación capitalista dirigidos a lograr máximas ganancias hayan hecho trizas el tejido social donde operan, abriendo la vía al desbarajuste -pero también a la revolución-, queda ampliamente ilustrado desde la experiencia del porfiriato, hasta el trauma que hoy aflige a millones de campesinos junto al sector agropecuario mexicano, así como en el profundo desgarre socioeconómico y político que padece la población argentina, colombiana y venezolana. Las tragedias neoliberales se multiplican mientras el poder y las contradicciones del capital se agudizan.

Este capitalismo depredador propicia: en el plano doméstico, los precipitantes de guerra civil, y en el internacional, los inductores de guerras regionales o de conflagración general. Del Bravo a la Patagonia se generaliza la respuesta social de las mayorías despojadas junto con una profundización de esquemas oligárquico-imperialistas y de instrumentos de corte policiaco-militar auspiciados por Washington. Como ejemplos, el Plan Colombia, la intensificación de la presencia militar y de inteligencia en México, y un nuevo rosario de bases militares desplegadas en el Caribe, Centroamérica y alrededor de Brasil, en parte para enfrentar la explosividad sociopolítica de un esquema de explotación y dominación que ya agotó los límites de la tolerancia sociopolítica, en parte para ofrecer una "sombrilla de seguridad" a los inversionistas extranjeros, en particular a las empresas dedicadas a la explotación de la riqueza petrolera, gasera -vinculadas con la cúpula política de la presidencia imperial-, minera, de las cuencas acuíferas y de la biodiversidad.

En su dimensión bilateral, continental e internacional, la política exterior y de seguridad interior se maneja desde un gabinete repleto de halcones y agentes del aparato de operaciones clandestinas, de cuestionables antecedentes judiciales, extraídos de lo peor que generaron los gobiernos Reagan-Bush padre. Como medida anticíclica, no menos que con la mira en las elecciones presidenciales, se estimula el keynesianismo militar y, paradójicamente, la proliferación de armamento de destrucción masiva mediante inusitados incrementos en el gasto militar, la "modernización" del armamento nuclear, químico y biológico y el despliegue del Sistema Nacional Antibalístico, aunque no existan los fundamentos tecnológicos para el mismo o enemigos identificados y listos a lanzar ataques balísticos intercontinentales hacia Estados Unidos.

La presidencia imperial induce el desorden y caos internacionales mediante la estrategia de la guerra "defensiva anticipatoria" y la promoción del regime change, de Irak a Venezuela. Intenta desactivar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que funge como mecanismo regulador de los precios internacionales del crudo, en medio de un irreflexivo ataque al nacionalismo árabe, con la mira puesta en el control directo y usufructo de la riqueza petrolera de Medio Oriente; alienta oficial y públicamente el rompimiento con el estado de derecho en Venezuela, apoyando las "elecciones anticipadas", al margen de la normatividad constitucional vigente: prisas opositoras regidas por los calendarios bélicos de Bush en Irak y los intereses petroleros que representa.

Los halcones esperan, optimistamente, "una guerra relámpago" exitosa contra Irak como parte de la campaña contra la OPEP que se realiza desde distintos frentes. El secretario de Energía estadunidense, Spencer Abraham, alienta la exploración, extracción y las exportaciones petroleras de México, Ecuador, Colombia, Rusia, el Mar Caspio y las perforaciones profundas en Africa Occidental y el Atlántico. En Colombia, por medio del Pentágono, una brigada del ejército de ese país protege un oleoducto copropiedad de Occidental Petroleum. Desde junio presiona a Nigeria para que le retire su membresía a la OPEP, paso previo -dice Abraham- para que desplace a Arabia Saudita como primer exportadora a Estados Unidos. Pero, según las principales y más serias indagaciones geológicas, los países del golfo Pérsico son los únicos poseedores de una "capacidad productiva superavitaria de crudo", es decir, que pueden aumentar, en un plazo relativamente corto, su producción en varios millones de barriles diarios. En el meollo de estas acciones está la extraordinaria dependencia de Estados Unidos: importa poco más de 60 por ciento. Para 2020 esa cifra, según fuentes oficiales, puede llegar a 90 por ciento. Es un serio predicamento estratégico, pero también ofrece oportunidades a las petroleras para realizar astronómicas ganancias. Las petroleras ya se disputan el botín "post-Saddam".

Que estos intereses cortoplacistas impulsen la militarización y geopolitización del mercado mundial de petróleo sobre cualquier otra consideración, es uno de las mayores amenazas a la seguridad internacional. La guerra y el peligroso intento, probablemente infructuoso, de desactivar a la OPEP, desestabilizarían una de las regiones de mayor explosividad político-militar del planeta, afectando una economía internacional que propende hacia el estupor deflacionario simultáneo en los principales polos capitalistas. Según un estudio sobre los costos de una guerra contra Irak, realizado por William D. Nordhaus, de Yale (síntesis ofrecida por Proceso, núm.1363): "(...) forzar a que Irak se saliera de la OPEP y obligar a ese país a aumentar mucho su producción, sería una declaración de guerra contra la OPEP. Eso generaría una baja de los ingresos en la mayor parte de los países de Medio Oriente, afectaría profundamente la economía de Rusia, desestabilizaría regiones enteras desde Argelia hasta Novosibirsk (Liberia, Federación de Rusia)". Según Nordhaus, si la guerra no se ajusta al escenario optimista de Bush, con un costo aproximado de 99 mil millones de dólares, podría ocasionar erogaciones cercanas al billón 924 mmdd, sólo para Estados Unidos. Su cálculo no contempla los efectos en la macroeconomía global. Estamos en medio del desate de procesos bélicos que pueden adquirir un ímpetu propio y con mecanismos de disuasión muy deteriorados. La presidencia imperial, guiada por intereses estrechos y cortoplacistas, está profundizando las rupturas del tejido social global, abriendo las puertas del infierno.

jueves, 12 de diciembre de 2002

La revancha de don Porfirio

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 12 de diciembre de 2002.

Son indudables los orígenes históricos y las raíces en la economía de la crisis agrario-campesina que vive el país. Aunque pocos dudan en localizar el fenómeno en el modo en que opera nuestra economía, muchos se inclinan, con razón, a no excluir como parte nodal del análisis a los actores político-institucionales y a las empresas domésticas e internacionales involucradas.

Esa crisis no es resultado de necesidades económicas o de fuerzas estructurales externas "omnímodas e incontrolables" ante las cuales no habría salida, sino de opciones políticas. No estamos a merced de las fuerzas del mercado agrícola; de ser así, mejor cerramos el changarro y nos vamos a casa. No es desde el "mercado" donde surgen decisiones como eliminación de subsidios y de precios de garantía, retiro del crédito agrario y la consecuente desmecanización del campo o la desaparición de los instrumentos de regulación de precios. El desplome de la inversión pública en 80 por ciento en 10 años no resultó de la "globalización". Fueron decisiones políticas, ciertamente bajo el impulso de grupos de interés y el estímulo específico de cuantiosos préstamos del Banco Mundial (BM), verdaderos cañonazos dirigidos a impactar el proceso de toma de decisiones en materia agraria. Toda modificación y rectificación es deseable y posible. Hay espacios y, si no, se forjan mediante la acción política para hacer todo tipo de replanteamientos y reordenamientos.

La internacionalización económica, entendida como categoría científica con base en el análisis histórico, plantea que el presente estadio del capitalismo no muestra rupturas fundamentales con la experiencia del pasado en lo que se refiere al asimétrico contexto de poder internacional y nacional en el cual ocurren los flujos comerciales, de inversión, las transferencias de tecnología y esquemas productivos. Es un marco de referencia cambiante con persistentes modificaciones en su correlación de fuerzas, internas y externas. Esta observación es crucial en toda reflexión en torno a los traumáticos programas y esquemas aplicados en México, que han llevado a nuestra agricultura a una de sus más graves crisis desde 1910, y si bien no se originan en el TLCAN, sí logran la formalización y profundización de abismales asimetrías, por ejemplo en el capítulo agrícola bilateral torpemente acordado por Salinas con EU. La forma en que el salinato "negoció" el TLCAN fue descrita sucinta y reveladoramente cuando Fred Bergstern, entusiasta del librecambismo, reprochó a los diputados demócratas su negativa a concederle a Clinton el fast track para extender el TLCAN a Latinoamérica por medio del ALCA. Sobre todas las ventajas logradas por Washington les dijo: el TLCAN "...fue negociado con una nación -México- que aceptó todas las condiciones e hizo todas las concesiones". Y es que Salinas no negoció: cedió a espaldas del interés público nacional. En muchos rubros, particularmente en el agrícola, arrojó a nuestros agricultores al ring, como quien se lanza a enfrentar a Tyson, atados de pies y manos y con un árbitro inclinado en favor del más fuerte. El fenómeno sólo puede explicarse identificando a los actores político-empresariales involucrados y a las relaciones clientelares, de dominación o corrupción establecidas entre ellos. Ahí están las empresas, los importadores, los exportadores, los funcionarios, el aparato corporativo y el BM. Ahí están víctimas y beneficiarios. Ni la economía ni el mercado existen en un vacío de poder. La crisis agrícola-campesina mexicana ocurre en un largo torrente histórico y en un caldo de relaciones de poder profundamente leonino en el orden económico-estratégico en el que se fusionan las fuerzas oligarquizantes con los esquemas imperialistas fuertemente impulsados por la Casa Blanca desde el BM. Son relaciones signadas por la inequidad, el conflicto, la dominación, la apropiación del excedente y las contradicciones interestatales, de clase y etnia, de género y de mercados. Como en varias ocasiones ha sugerido M. Kaplan (La formación del Estado latinoamericano, Amorrortu, Buenos Aires,1967), históricamente la internacionalización económica en América Latina se concreta en el comercio exterior y en los flujos de inversiones extranjeras, y ha sido mediante esos dos pivotes que se han incorporado a nuestra dinámica las imágenes, valores, ideas, costumbres, instituciones, bienes, pautas y aspiraciones de consumo que influyen en la economía, la organización subordinada a los ordenamientos internacionales de los países capitalistas centrales.

En México la expresión oligárquica clásica de este tipo de modernización capitalista, el porfiriato, también se centró en la formación de un Estado oligárquico hegemonizado por sectores nacionales y extranjeros unificados por un interés común en la vigencia de una política librecambista y en una coparticipación en la apropiación del excedente. En el porfiriato se instala la "neutralidad malevolente del Estado", ya que por medio de la inversión extranjera y el comercio exterior se profundiza la descapitalización, el drenaje hacia afuera de lo más cuantioso del excedente generado internamente, mientras la oligarquía porfiriana desperdicia su tajada del pastel canalizando sus actividades hacia la usura, la intermediación, la especulación y el consumo suntuario.

Leopoldo Zea lo sintetizó así: "Una pequeña, pero poderosa oligarquía se había formado alrededor del presidente, quien les había otorgado el derecho de enriquecerse. Este pequeño grupo poseía toda la riqueza del país; sus miembros daban preferencia a sus amigos en la distribución de la prosperidad. Cliques surgidas a la sombra de los bancos monopolizaban todas las ganancias y hacían que el progreso social fuera otra leyenda nada más. Ciegos ante los problemas de su país, esas gentes sólo se preocupaban de sus propias ganancias". Esta bien lograda síntesis del porfiriato describe de manera igualmente nítida algunas tendencias que han cimbrado a la sociedad mexicana de nuestros días. Las semejanzas y diferencias entre estos periodos son profundas, pero la comparación histórica es importante.

En un artículo en que se revisa lo que ha venido ocurriendo a la agricultura mexicana desde la "reforma" constitucional al artículo 27 en materia agraria, un conocido semanario estadunidense calificó el proceso de "la revancha de don Porfirio". Los editores evitaron mencionar lo que siguió a la "modernización agraria" de don Porfirio y su pax porfiriana. Posiblemente para no sembrar el desasosiego entre sus lectores.

jueves, 28 de noviembre de 2002

Garza y la agenda de Bush en México

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 28 de noviembre de 2002.

Anthony Garza, el nuevo embajador de Estados Unidos en México, inicia su gestión bajo el impulso directo del secretario de Estado, Colin Powell, y del controvertido John Ashcroft, el fiscal general encomendado de montar el mayor asalto contra los derechos civiles y constitucionales registrado en la historia de la nación norteña, quienes encabezaron aquí una delegación integrada por legisladores y otros miembros del gabinete de Bush durante las reuniones de la Comisión Binacional, que acaban de concluir.

A su llegada a territorio nacional, Garza informó a la prensa que días antes, durante la ceremonia de juramentación al cargo, el presidente Bush le expresó de manera inequívoca: "...de nueva cuenta para nosotros no hay una relación más importante", declaración cuyo significado concreto fue rápidamente dilucidado, de manera didáctica, por JB Penn, subsecretario de Agricultura.
Según Andrew Watson, de The News, Penn advirtió de manera solapada al gobierno de Fox sobre "...todas las posibles consecuencias que podrían derivarse si el gobierno mexicano decidiera otorgar protección a los agricultores, cuando desaparezcan casi todas las fracciones arancelarias el año entrante. Aunque no hizo una amenaza específica (Penn) dijo que el apoyo al libre comercio se vería afectado por ese tipo de medidas". Penn envió al baúl de los olvidos las frecuentes infracciones al TLC por parte de Estados Unidos, incluyendo medidas proteccionistas contra importantes exportaciones mexicanas, así como manejos arbitrarios, por ejemplo, en torno a restringir el ingreso de nuestra flota de camiones a sus carreteras. El funcionario rechazó tajante cualquier insinuación de que la nueva ley agrícola de ese país (US farm bill), promulgada en mayo y que incrementó los apoyos a ese sector en 190 mil millones de dólares durante los próximos 10 años, fuera a afectar a nuestros agricultores. Y como la agricultura de ese país ya es de por sí una de las que reciben los mayores apoyos y protección en el mundo, Penn, como quien trata de presentar una excusa, primero hizo referencia a los sustanciales subsidios y protecciones que caracterizan a la política agraria de Europa y Japón, para rematar reconociendo que Washington efectivamente hace lo que le da la gana con el TLC y afirmar que su país está listo para abandonar los subsidios "...cuando los otros renuncien a los suyos".

Según Garza, la agenda, que sería tratada a partir de la visita de Powell et. al, considera como aspectos prioritarios: "...el comercio, el medio ambiente, la lucha contra el crimen, la seguridad y la migración". Aunque al menos durante su primera conferencia de prensa en el aeropuerto no mencionó ni discutió temas nodales de esa agenda en torno al sector agrícola y energético, ni aludió a la forma en que la Casa Blanca intenta vincular la política fronteriza con la "guerra contra el terrorismo" -asunto que presumiblemente sería tratado por Ashcroft con Creel-, lo cierto es que el currículum del embajador indica, de manera elocuente, que Bush espera una actuación sobre cuestiones sumamente delicadas, ya que toca aspectos vinculados con la privatización y extranjerización del complejo teproeléctrico (Pemex-CFE-CLFC) y con la jurisdiccionalidad territorial de la Federación mexicana.

Sólo el tiempo nos permitirá conocer en concreto las capacidades de Garza y del equipo de analistas y operadores de inteligencia que le acompañan. Su experiencia en el sector del petróleo y de la energía no es despreciable, aunque es curioso que el público mexicano fuera informado de ella de manera elíptica, por medio de una especie de lenguaje cifrado para diplomáticos, geólogos y especialistas en la materia.

En efecto, la prensa dio a conocer que hasta antes de asumir su nuevo cargo, Garza fungió como integrante nada menos que de la Comisión de Ferrocarriles de Texas (CFT), lo que equivale a un puesto en uno de los principales directorios encomendados de la política petrolera de Texas y Estados Unidos. La importancia de la CFT tiene que ver con petróleo y electricidad, no con los ferrocarriles. Aunque conservó su nombre original, desde hace años, y como producto de las excentricidades del aparato legal de Texas, la CFT está encargada del manejo de la industria petrolera y, por lo tanto, de regular y ajustar su producción con la demanda. Es un cártel público que opera bajo la égida de los barones del petróleo, como recuerdan Richard O'Connor en The Oil Barons (Little and Brown, Boston, 1971), y más recientemente Kenneth Deffeyes (Hubbert's Peak, Princeton, 2001).

Dado el dominio de la producción petrolera de Texas en el mercado de EU, la CFT ha actuado en forma tal que logró regular el resto de la industria petrolera del país permitiéndole incidir de manera efectiva en los precios, tal como hoy lo hace el cártel de exportadores de petróleo en relación con los precios internacionales del crudo. "La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) -escribe Deffeyes- se estableció bajo el mismo modelo de la CFT. Sólo sustitúyase Arabia Saudita por Texas". Una vez descifrado el código, entonces es más fácil percibir el papel, las funciones y los servicios que Bush y la industria del gas y del petróleo de EU esperan del embajador Garza.

El uso patrimonialista de los recursos públicos no es algo nuevo en la experiencia de EU. Cualquier análisis que se haga pronto corroborará la aseveración de varios estudiosos, Walter La Feber y James Petras entre ellos, del contenido imperialista de la política exterior, fuertemente influida a lo largo de los siglos XIX y XX por los intereses cortoplacistas del alto empresariado. Y desde que el petróleo se posicionó como la mercancía de mayor importancia económica y estratégica del mercado mundial, la influencia de esa industria sobre el aparato de Estado ha sido notable. Pero nunca de manera tan evidente como hoy.

jueves, 14 de noviembre de 2002

EU-Irak: guerra y recursos naturales

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 14 de noviembre de 2002.

La geopolitización de las relaciones económicas internacionales que se observa desde hace varias décadas en el área de los recursos naturales estratégicos (petróleo y minerales principalmente, aunque ahora la lista incluye el agua y la biodiversidad) se acentuó de manera pronunciada con el arribo a la Casa Blanca de una ultraderecha unilateralista, cuyo precario apoyo público, resultado de las irregularidades observadas en los pasados comicios presidenciales, se fortaleció después de los atentados del 11/9.

Sin duda, el efecto 11/9, o sea, el voto del miedo, junto con las torpezas y tibiezas del liderato demócrata, jugaron un importante papel en el triunfo republicano en las recientes elecciones de medio periodo, que le otorgaron a Bush, con 60 por ciento de abstencionismo, el control de ambas cámaras en el Congreso. A pesar de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó una resolución que obliga a Irak a permitir la vuelta de inspectores de desarme, resultado de una negociación de Estados Unidos con otras naciones, Francia y Rusia entre ellas, la decisión de atacar y ocupar Irak ya fue tomada, dejando claro que la adherencia del gobierno estadunidense a los principios de comportamiento de una instancia multilateral como el Consejo de Seguridad es tenue y temporal y está supeditada a lo que el ocupante de la Casa Blanca concibe como "interés vital" en Irak y Medio Oriente, una definición fuertemente impactada por los intereses de la poderosa industria del gas y del petróleo de la nación norteña. Pero persisten factores en la ecuación regional que, hasta el momento, inhiben las operaciones militares.

La brutal política desplegada por el primer ministro israelí Ariel Sharon contra Palestina, fuente de un sangriento encadenamiento de acciones y reacciones es uno de los escollos que enfrenta Bush para "alinear" a las cúpulas gubernamentales árabes en un escenario bélico. Para Bush es un callejón sin salida con altos costos que espera controlar por medio de un escenario post Sharon, después de las elecciones del 28 de enero que se vio forzado a convocar, resultado de la reciente crisis política israelí. Pero aun así, el profundo y extenso involucramiento militar de Israel en los planes de guerra de Bush en la región tenderá a dificultar el apoyo árabe.

Existe un número considerable de unidades militares estadunidenses, de aire, tierra y mar, que se adiestran con la participación del ejército israelí y que realizan ejercicios intimidatorios. Son operativos que contemplan el uso de armamento de alta tecnología.

Hasta el momento la ONU no se ha dignado indagar y, mucho menos, a actuar sobre las armas de destrucción masiva de Israel, mientras su contrastante postura en relación con Irak indica que la resolución del Consejo de Seguridad será usada bajo la interpretación bushiana, es decir, como mampara propagandística en el ejercicio de la unilateralidad bélica. La situación es, desde luego, mucho más compleja, ya que el esquema estadunidense conlleva un dominio geopolítico y geoeconómico de la principal cuenca petrolera. Con un Estado hegemonizado como nunca antes por los grandes intereses petroleros, la "conciencia geográfica" de la Casa Blanca está impregnada de codicia. La riqueza petrolera de Irak, como la de Arabia Saudita, y en general las del Golfo, están en la mira por ser la única región del mundo, como reconocen los especialistas en geología petrolera, con "capacidad productora superavitaria", es decir, que cuentan con grandes magnitudes de reservas probadas de petróleo convencional que les permite aumentar, en poco tiempo, la producción petrolera en varios millones de barriles diarios. Así, la amenaza a Irak lo es también para la Organización de Países Exportadores de Petróleo en general y para Arabia Saudita en particular.

El ministro de Asuntos Exteriores saudita afirmó recientemente que "...nosotros acataremos la decisión del Consejo de Seguridad y de la ONU y cooperaremos con él, pero en cuanto a entrar en el conflicto o usar instalaciones, eso es otra cosa". Los ministros de relaciones exteriores de los 22 países de la Liga Arabe, al tiempo que apoyaron la resolución de la ONU, destacaron su rechazo "terminante" a cualquier atraque contra Irak, "ya que supondría una amenaza para la seguridad nacional de todos los países árabes". Pero, como casi simultáneamente lo informó la consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, los unilateralistas en el poder ya decidieron intervenir militarmente para efectuar un "cambio de régimen" en Irak, en flagrante violación del artículo 2 de la Carta de la ONU, contemplando incluso un incremento de 50 mil a 250 mil soldados en escenarios que incluyen ataques aéreos selectivos y la ocupación, para el establecimiento de un protectorado militar semejante al establecido por Estados Unidos en Japón después de la Segunda Guerra Mundial.

Según informan los analistas financieros y del mundo de los negocios de varios programas televisivos estadunidenses, las principales empresas petroleras y constructoras ya anticipan el regime change y están disputándose el botín petrolero, ya sea por medio de un protectorado militar directo o por medio de un régimen títere o una combinación de ambos.

Desde la década de 1970 el acceso y control militar del Medio Oriente, es decir, la geopolitización del petróleo, se acentuó. Como lo reseña Richard Barnet en su sustancioso trabajo The Lean Years (Simon & Schuster, New York, 1980) ya en 1974 el secretario de Defensa James R. Schlesinger insinuaba que "la opinión pública" bien puede forzar al gobierno a tomar los pozos petroleros requeridos del Medio Oriente, una amenaza reiterada poco después por Henry Kissinger desde la revista empresarial Business Week. En todo caso, ya desde entonces se perfilaba la esquizofrenia de la cúpula gubernamental estadunidense entre el "libre comercio" y la "geopolitización" de las relaciones económicas internacionales. Como sintetiza el asunto Barnet: "...por una generación o más, Estados Unidos ha operado bajo el supuesto fundamental de que el control militar y político sobre las naciones de ultramar es esencial para lograr el acceso a los minerales, a precios favorables. A pesar de su ideología capitalista oficial, los administradores de la seguridad nacional han desconfiado profundamente de la capacidad del libre mercado para garantizar los recursos que necesitan o que piensan que necesitan" (p. 226).

jueves, 31 de octubre de 2002

El FMI-Banco Mundial en México

John Saxe Fernández
La Jornada.
México 31 de octubre de 2002.

Pocos se sorprendieron y para muchos pasó desapercibido, quizás por ser algo rutinario, que el presidente Bush advirtiera que cualquier nación que no colaborara con EU en la guerra antiterrorista, o fuese sospechosa de albergar a terroristas, se le suspendería todo acceso a créditos por parte de las "instituciones multilaterales del ramo".

El sometimiento del BM-FMI a la Casa Blanca no es novedad. Quien revise la historia de Bretton Woods y la diplomacia económica desplegada por la presidencia imperial, pronto descubrirá que lejos de ser "instituciones internacionales o multilaterales" fueron concebidas y estructuradas en sus orígenes como importantes instrumentos de proyección de poder estatal, en función de los intereses de las grandes corporaciones estadunidenses -y de los otros polos capitalistas- en el Tercer Mundo.

El estudioso encontrará en el caso mexicano abundantes ejemplos de los préstamos diseñados para impulsar o abrirle espacios y negocios a las corporaciones multinacionales (CMN), así como de su uso político. La veda de créditos contra Salvador Allende, impuesta por Nixon-Kissinger como parte del programa de desestabilización político-económica, que finalmente desembocó en el sangriento golpe de Estado en 1973 o, por dar otro ejemplo más reciente, la advertencia de Clinton de supeditar los préstamos del BM o el visto bueno del FMI para abrir líneas de crédito de la banca comercial a la adhesión y eficiencia en la campaña antinarcóticos impulsada por Washington.

Pero hay más. Además de ser parte y parcela de la pax americana, el tipo de operaciones que desarrollan el FMI-BM como instrumentos de Estado y de clase, mediante la fuerza que emana de su "condicionalidad cruzada", es decir, la del FMI en materia macroeconómica y la del BM en ramas específicas de nuestra economía, permite que dichas instituciones se comporten en los países donde operan como si fueran un partido político con fondos ilimitados. Esto se desprende del uso de los préstamos para incidir en la dinámica interna, apoyando a diversas fracciones dentro o fuera del gobierno o de las paraestatales, cuyo colaboracionismo les resulta esencial. Los préstamos se usan para incidir en el diseño presupuestal, fortalecer a los grupos inclinados a la "constitucionalización del neoliberalismo" y para consumar la privatización y extranjerización del sector estratégico -ferrocarriles, gas natural, telecomunicaciones, petroquímica, electricidad, agua, etcétera- o para el "manejo" político encaminado al desmantelamiento de todo subsidio al campo, incluyendo los mecanismos de control de precios de los granos (Conasupo) y de los precios de garantía. En su calidad de "partido político", el BM despliega amplias campañas dirigidas a impactar a la opinión pública nacional. No son infrecuentes los engaños, subterfugios semánticos y las manipulaciones.

El pasado 19 de octubre los voceros del BM lamentaban que las cifras de pobreza en México fueran "inaceptablemente altas" y que en la base estuviera "el estancamiento de la economía", observado durante los primeros dos años del gobierno de Fox. Lo que no se explicitó fue el papel del BM y del FMI en la aplicación de políticas contraccionistas (reducciones de la masa monetaria, recortes presupuestales), innecesarias si la economía nacional e internacional estuviesen funcionando de manera adecuada, inadmisibles en un contexto recesivo con riesgos deflacionarios. El "férreo control del gasto público" impuesto por el FMI-BM y las principales corredurías de Wall Street, así como el desmantelamiento creciente de la inversión pública en el sector productivo y su brutal desvío al gasto no productivo (servicio de la deuda, rescates, Fobaproa-IPAB) son el eje desde el que se induce el remate de los activos nacionales. No es un problema aritmético, como dice Fox, sino esencialmente político y de "diseño presupuestal". Se privilegia a los acreedores y especuladores y se sacrifica al país y su patrimonio.

En cuanto a educación superior, el criterio del BM es que la universidad "...es un bien privado, no público", por lo que recomienda inducir la privatización de sus funciones por la vía de restringir sus presupuestos.

En materia de agua, hace poco se anunció un cañonazo del BM de 250 millones de dólares encaminado a la privatización -y control extranjero- de las operaciones hidráulicas bajo el principio de que el agua "...es una necesidad humana, no un derecho humano". Téngase presente que una necesidad puede ser satisfecha de diversas maneras, especialmente en favor de quienes pueden pagar por ella, en tanto que un "derecho humano" es algo de difícil comercialización.
Como lo recuerdan Maude Barlow y y Tony Clarke, autores de Blue Gold (Stoddart Publising, Canadá, 2002) -libro que ayuda a esclarecer el programa de préstamos para el agua del BM en México-, en el Foro Mundial sobre el Agua, celebrado en La Haya en marzo de 2000, se definió el vital líquido como una "mercancía", postura que forma parte central del gran negocio que actualmente está impulsando el BM en varios continentes y ahora del Bravo a la Patagonia en favor de las CMN.

Barlow y Clarke indican que entre esos entes están las empresas francesas Vivendi y Suez -conocidas como la General Motors o la Ford de la industria del agua-, así como Bouygues-SAUR, RWE-Thames Water, Bechtel-United Utilities, Enron-Azurix y American Water Works Company, entre otras.

La acción del BM como inductor de la privatización gasera, eléctrica, ferroviaria y petrolera en México genera sinergias en función de los intereses, cambios y fusiones que se observan en los conglomerados monopólicos, cuyos componentes industriales van desde el control de la electricidad y el gas, a la industria de la construcción y los servicios vinculados con el agua. Enron y otras CMN interesadas en nuestro gas, petróleo, electricidad y agua cuentan con el control de activos acuíferos en México, Brasil e Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Su actividad se centra en ciudades de más de 50 mil habitantes y la presa mayor es, desde luego, el Distrito Federal.

jueves, 17 de octubre de 2002

EU: autodefensa anticipatoria

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 17 de octubre de 2002.

El pasado 20 de septiembre se dio a conocer un documento detallando la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos (EU). Ese mismo día, en el curso de una mesa redonda dedicada al análisis del mundo después del 11/9, convocada por La Jornada y Casa Lamm, enfaticé la necesidad de analizar la doctrina estratégica contenida en ese documento, en la que se escuda la retórica del regime change que ahora utiliza la Casa Blanca para promover y "justificar" su política de intervención y de ataque militar unilateral.

Se trata del principio, vago, arbitrario, subjetivo, de "autodefensa anticipatoria" (preventive war), aparentemente centrado, como lo ironizó hace pocas semanas Arthur Schlesinger, "en las capacidades telepáticas" de la presidencia imperial de EU para determinar lo que otra nación pueda hacer en el futuro -por ejemplo, que Irak utilizara en su contra armas de destrucción masiva- y así atacar de manera "preventiva".

Bush nos está regresando a los tiempos del sacro imperio romano, cuando prevalecía la autoridad papal en las relaciones internacionales, basada, presumiblemente, en las directrices de la divinidad. Es un "principio de legitimación imperial" que ya el sistema internacional de los estados-nación, que se consolidaban al finalizar la primera mitad del siglo XVII, le había negado al Papa.

La "autodefensa anticipatoria" conlleva una modificación nodal al tipo de sistema mundial que se sentó desde 1648 con la Paz de Westfalia, basado en el principio de soberanía absoluta de los estados, su igualdad jurídica y la no intervención. Esto es lo que se gesta después del gran conflicto multidimensional de los Habsburgo austriacos y españoles contra las sucesivas coaliciones de estados enemigos desde 1618 hasta la Paz de Westfalia, periodo conocido como la Guerra de los Treinta Años. También en 1648 se concluyó la Guerra de los Ochenta Años entre los holandeses y españoles. En ese año los líderes de los principales poderes europeos firmaron tres tratados en las ciudades westfalianas de Muster y Osnabruch. La Paz de Westfalia es considerada uno de los fundamentos del sistema internacional contemporáneo.

Uno de los efectos de esos tratados fue negar legitimidad a las vagas pretensiones de mandato imperial por parte del papado. El imperio austriaco, sucesor del sacro imperio romano, como resultado de varias innovaciones de los protocolos diplomáticos, ya no era un primus inter pares -como pretende hoy la Casa Blanca-, sino simplemente una gran potencia en pie de igualdad con Francia, Inglaterra y España. La independencia de estados más débiles y pequeños fue sancionada de igual manera, como en el caso de las provincias unidas de los Países Bajos, resultado de un acuerdo de respeto a la libertad religiosa entre mandatarios protestantes y católicos. La esencia de la Paz de Westfalia fue el reconocimiento del equilibrio religioso y político dentro del sacro imperio romano, confirmándose las limitaciones de la autoridad imperial y la centralidad de la soberanía y la igualdad jurídica de los estados -principios no siempre respetados-, que han sido el cimiento de la paz precaria que vivimos.

Aunque las intervenciones ilegales de EU contra otras naciones han sido frecuentes, siempre buscó algún tipo de justificación legal. Ahora desecha de manera explícita los principios de la soberanía y la no-intervención, fundamento constitucional, recuérdelo Tlatelolco, de la política exterior mexicana.

La "autodefensa anticipatoria" pone en entredicho el consenso alcanzado a lo largo de más de 250 años, la centralidad de la soberanía nacional, como fundamento del derecho. La "autodefensa anticipatoria" acarrea enormes riesgos, precisamente en un mundo donde prolifera el armamento de destrucción masiva, sea nuclear, biológico o químico. Como ya son poco más de 20 estados los que cuentan con uno u otro tipo de estas armas, entonces, ¿por qué Irak?
Si bien son varias las excusas planteadas por Bush para atacar ahí, el meollo del asunto se centra, entre otros objetivos, en el control de los poco más de 79 mil millones de barriles de sus yacimientos de crudo, el desmantelamiento de la OPEP, una reconfiguración del mundo árabe y un "remapeo" de la principal cuenca petrolera del mundo. Como el petróleo no es Dios, entonces queda claro que hemos ingresado al mundo de la arbitrariedad, la subjetividad y del más peligroso aventurerismo estratégico centrado en grandes intereses empresariales, que mañana se le puede contagiar a India, Paquistán, Rusia, China, Inglaterra, Africa del Sur y a otros estados nucleares. Más grave aún, la "nueva doctrina" agrega una amenazadora incertidumbre a los sistemas de disuasión nuclear al quebrantar los frágiles instrumentos e instituciones del derecho internacional (Naciones Unidas) e inyectar la anarquía a las relaciones internacionales y estratégicas. Esto ocurre en un contexto en el que están desplegados, a lo largo y ancho del planeta, sistemas balísticos intercontinentales en aire, tierra y mar, en estado de alerta.

Finalmente, cabe recordar que la Carta de Naciones Unidas es uno de los principales acuerdos vigentes de derecho internacional en el que explícitamente se establece la ilegalidad de la amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Además, como lo mencionó hace poco William Pfaff, de Los Angeles Times, todo acto de guerra de "autodefensa anticipatoria... fue tratado específicamente como un crimen de guerra en los juicios de Nuremberg".

jueves, 3 de octubre de 2002

EU: la guerra por el petróleo

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 3 de octubre de 2002.

La política de fuerza contra Irak impulsada por el principal consumidor de combustibles fósiles del planeta y sus empresas, está encaminada al apoderamiento de los vastos yacimientos de crudo de esa nación y conlleva impactos internos y externos de gran magnitud. Conviene tener presente que la amenaza de utilizar instrumentos militares para que las petroleras estadunidenses asuman el control in situ de los yacimientos de Medio Oriente no es nueva, pero se ha intensificado desde el embargo petrolero aplicado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) contra Estados Unidos (EU) en 1973, mismo que puso al descubierto la vulnerabilidad esencial de la potencia norteña, derivada del abrupto agotamiento de sus reservas petroleras convencionales y de la correspondiente dependencia de fuentes externas para mantener su economía civil y militar en funcionamiento. La dependencia se acentuó como resultado de la resistencia al ahorro energético y al desarrollo de fuentes alternas de energía por parte de los principales grupos de interés centrados en la industria del gas y del petróleo, así como de la automotriz, mismos que ahora hegemonizan de manera directa y explícita los instrumentos de Estado bajo la presidencia de Bush.

Al complejo escenario es necesario agregar la existencia de crecientes indicios de un probable agotamiento del petróleo convencional de los principales campos petroleros del mundo, que varios estudios indican podría empezar a registrarse en la primera década de este nuevo siglo.
Los problemas y dilemas que se presentan son de orden mayor, tanto desde la perspectiva de la ecuación política internacional y doméstica como de los aspectos geofísicos y técnico-militares presentes. Son riesgos para la paz internacional que no impresionan a los encargados del diseño de la política de fuerza que aplica Washington. Se trata de un grupo (o "junta", como los calificó recientemente Gore Vidal) que opera desde la Casa Blanca y el Defense Policy Board del Pentágono: un puñado de halcones extremistas liderados por personajes como el secretario y el subsecretario de Defensa, Donald Rumsfeld y Paul Wolfowitz, respectivamente -este último conocido en los medios europeos como el velociraptor-, así como por conspicuos representantes del sector petrolero, liderados por Bush y Cheney.

Desde hace más de un año, varios miembros de esta camarilla, incluyendo a James Woolsey, ex director de la CIA, han venido impulsando, mediante documentos internos, artículos periodísticos y programas televisivos la ampliación de las operaciones militares en Afganistán hacia Irak. Esta línea de acción, auspiciada por la "junta", privilegia los intereses cortoplacistas del alto empresariado de la industria del gas y del petróleo, incluyendo grandes empresas contratistas, Haliburton y Bechtel, entre ellas. Sus miras están centradas en el establecimiento de un nuevo régimen iraquí que les facilite el control y usufructo de los pozos petroleros actualmente en operación, con capacidad de producir 3 millones de barriles diarios y de otros campos petroleros ya identificados en Irak, que pueden generar, en un plazo relativamente corto, 5 millones de barriles adicionales. Este es el fundamento de la insistencia de la Casa Blanca, no tanto en el "desarme" de Irak, como en el regime change, término con el que se encubre una política abiertamente intervencionista que conlleva capacidades para el desmantelamiento o control estadunidense de la OPEP, de Arabia Saudita y la ambicionada dominación regional. Esta postura desproporcionada, centrada en intereses cortoplacistas, no sólo deja a un lado los factores políticos, económicos, sociales, legales y morales, sino también otros de corte militar.

Según los análisis de los estrategas del Departamento de Defensa, el "éxito" de tal operación sólo se lograría: a) tomando intactas las instalaciones petroleras requeridas; b) asegurando su control por semanas, meses o años; c) restaurando lo más rápidamente posible las instalaciones destruidas; d) operando las instalaciones a pesar de que no cuenten con el consentimiento de sus dueños legítimos, y e) garantizando las líneas marítimas y terrestres de suministros petroleros.
La "junta" tendría que desplegar decenas de miles de soldados y técnicos para mantener el control de los campos petroleros que se extienden en regiones de miles de kilómetros cuadrados, y cada uno de ellos, incluyendo un conjunto impresionante de instalaciones y unidades: pozos, estaciones de separación del gas y petróleo, plantas estabilizadoras, plantas de inyección de gas y agua, oleoductos, estaciones de bombeo, tanques, refinerías, plantas de generación e instalaciones portuarias. Se trata de complejos interdependientes en los que cualquier unidad con problemas puede afectar la operación total; consecuentemente son altamente vulnerables al sabotaje. Finalmente, los problemas y retos a la capacidad militar que se plantea por medio de esta operación son inmensos. Sola Arabia Saudita tiene más de 800 pozos conectados por más de 4 mil 800 kilómetros de oleoductos. El perímetro alrededor de sus cinco pozos principales comprende un área de 16 mil kilómetros cuadrados, es decir, un área dos veces la superficie de Connecticut.

Quienes dentro del Pentágono llaman a la cordura fundamentan su caso desde un análisis de la movilización cotidiana de fuerzas estadunidenses en el mundo para concluir que una intervención militar en el Medio Oriente, como la que contemplan Bush y la industria del gas y del petróleo, supondría enormes costos y una verdadera globalización de las vulnerabilidades de EU, ya que tanto desde el punto de vista político como militar, las unidades militares que conforman el comando europeo, incluida la sexta flota, quedarían atadas. Lo mismo ocurre con la mayoría de las unidades desplazadas en Alaska, Asia, las Américas y el Pacífico. Un estudio realizado con anterioridad advertía que "... las capacidades de defensa y de disuasión quedarían desvirtuadas a un grado impredecible si dichas fuerzas fueran movilizadas al Golfo Pérsico por periodos prolongados".

jueves, 19 de septiembre de 2002

Banco Mundial: Pemex y CFE al hoyo negro

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 19 de septiembre de 2002.

La "reforma del sector de la energía" diseñada por el Banco Mundial (BM) e impulsada por Salinas, Zedillo y ahora Fox se concreta, tanto en petróleo como electricidad, en una "privatización de facto", lo que, en criterio de Emilio Krieger (en uno de sus más recientes libros, Violaciones presidenciales a la Constitución, Grijalbo, 1996), colocó a los anteriores mandatarios y al actual Presidente en la condición de "transgresores" de la Constitución, predicamento que sólo preocupa al BM por el hecho de que resta "confianza" a los inversionistas, quienes en todo caso, al margen de la normatividad constitucional vigente y con el beneplácito gubernamental, ya han realizado operaciones importantes en el sector eléctrico.

Por medio de los reglamentos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) se procede a la privatización eléctrica, y se están retirando del sistema nacional los clientes más importantes de ese servicio, como los del sector industrial. Dado que la Constitución y la ley establecen que corresponde a la nación prestar el servicio eléctrico, el BM y el gobierno de Salinas realizaron un malabarismo lingüístico para dar entrada "legal" al capital privado, poniendo bajo la categoría de lo que "no es" servicio público los siguientes rubros: la autogeneración, la cogeneración, la producción independiente, la pequeña producción y la exportación e importación de electricidad.

Hasta el año 2000 la Comisión Reguladora de Energía había concedido 169 permisos: 111 para autoabastecimiento, 37 para cogeneración, 14 para producción independiente, uno de exportación y seis de importación. Representan un incremento de cerca de 12 gigavatios, aproximadamente la tercera parte de la capacidad total actualmente instalada, con una inversión de 6.9 mil millones de dólares.

Como ocurrió durante el gobierno de Zedillo, la "reforma constitucional", que por segunda vez envía Fox al Poder Legislativo, se encamina a ajustar la Constitución a las exigencias de los grandes especuladores, interesados en lanzar a Pemex y la CFE-CLFC al piso de remates de Wall Street. Existen elaborados programas de "ingeniería financiera" para sustentar, con el respaldo del gobierno de EU, programas para la privatización de Pemex y el sector eléctrico. En estos esquemas (blueprints) participan de manera intensa la Internacional Finance Corporation y la Multilateral Investment Guarantee Administration (MIGA), vinculadas orgánicamente bajo la figura del Grupo del BM.

Uno de los blueprints fue presentado en junio de 1997 por el Investors Guaranty Fund LTD. Brevemente descrito en mi libro, La compra-venta de México, que aparecerá en octubre, amerita ser conocido ahora. La fugacidad descriptiva se debe a la reticencia de las corredurías y bufetes a divulgar esquemas que quebrantan la legalidad constitucional. El capital necesario se generaría por medio de la bursatilización de nuestro patrimonio a través de la venta en dólares de títulos que se denominarían Mexdsgias, es decir, Mexico Energy and Export Development Series Adjustable Rates Guaranteed Investment Agreements.

En esa venta participarían bancos internacionales de desarrollo (BM, BID) y otros inversionistas extranjeros bajo el liderazgo de las corporaciones multinacionales -petroleras y de la electricidad-, así como constructoras tipo Bechtel y Haliburton y otros grandes contratistas. Los Mexdsgias serían uno de los instrumentos para consumar la "compraventa de México", que además se realizaría en las Bermudas, un paraíso para que los especuladores se hagan a su antojo con nuestro principal eje de acumulación.

Según los promotores de este blueprint, los Mexdsgias podrían "... ser adquiridos por inversionistas institucionales de todo el mundo", es decir, por las famosas mutuales y grupos financieros que llevaron al país a la catástrofe de 1994. Entre sus propósitos está darle la vuelta y luego "reformar" el aparato constitucional mexicano que prohíbe la participación privada en el sector de la energía por su carácter estratégico.

Según los documentos, se trata de solventar "la falta de marco de referencia para la inversión... El programa de energía e infraestructura responde a cambios importantes en la legislación federal mexicana paralelamente con amplios programas de privatización de México, la inversión pública con impacto presupuestal diferido y todo un nuevo sistema privado de pensiones y las demandas de miles de millones de dólares para la creciente infraestructura energética de México... Este plan de desarrollo agresivo crea oportunidades para la inversión... Más de 9 mil millones de activos planeados y existentes de Pemex y la CFE están programados para ser privatizados y capitalizados por medio de los mercados internacionales de capitales.

"México tiene planes de privatización de 8 mil millones de dólares en otros sectores. Tanto el presidente del Consejo Mexicano de Inversión como el secretario de Energía han mostrado interés y apoyo en este método para financiar el programa propuesto."
Agincourt -la empresa encargada de la operación- seleccionó Bermudas como su base jurisdiccional de operación por "... su estable medio ambiente económico, su excelente infraestructura tecnológica y profesional y su compromiso, no superado, a favor de los negocios internacionales y particularmente de los servicios financieros".

Tal es el escenario ideal para tejer la ingeniería financiero-especulativa que permite a los gobernantes y sus "socios" realizar sus negocios y las jugosas ganancias que generaría a su favor, el despojo al pueblo mexicano de Pemex y la CFE-CLFC. Ya lo experimentamos con el sistema bancario y el megafraude Fobaproa-IPAB. El intento y el atentado es de orden mayor, lanzando los principales activos del país -y a la precaria paz social que vivimos- al hoyo negro de la especulación y el caos.

jueves, 5 de septiembre de 2002

Complejo petroeléctrico en la mira de EU

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 5 de septiembre de 2002.

Desde la perspectiva de las Corporaciones Multinacionales (CM) y, por lo tanto, del Banco Mundial (BM), la vinculación entre el negocio petrolero y el eléctrico es crucial. Después de la Segunda Guerra Mundial, la simbiosis entre Pemex y la Comisión Federal de Electricidad-Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CFE-CLFC) fue y sigue siendo uno de los acontecimientos económico-políticos y técnicos de mayor envergadura. Como lo he indicado en La compraventa de México (Plaza & Janés, octubre de 2002) es notable que ahora, en el ámbito internacional, las empresas se inclinan por la adopción de las formas de organización y relación orgánica similares a las establecidas en México durante décadas, especialmente después de la nacionalización eléctrica realizada por López Mateos.

En efecto, a principios del siglo XXI la tónica de las CM es promover "el fin de las empresas petroleras tradicionales", dedicadas exclusivamente al petróleo, y la conformación de unidades mayores que integren a éste con la electricidad, es decir, lo que desde hace años realiza el sector público mexicano. La sinergia tanto en eficiencia como en generación de ganancias es de primer orden. Lo que explica que el BM opere de manera intensa en la aplicación de mecanismos "graduales", pero significativos hasta ahora, para la privatización y desnacionalización del complejo petroeléctrico mexicano. Por ejemplo, promueve los contratos de servicios múltiples en grandes proyectos en los que participan empresas ajenas a Pemex con Bechtel y Haliburton a la cabeza, ambas con estrechos vínculos con el aparato bélico-industrial y político de EU.

Encabezando las propuestas sobre el sector energético mexicano están, además del BM, el Departamento de Energía de EU (DE) que exige "...se abra una ventanilla única para atender todos los requisitos de la privatización". La privatización del sector eléctrico es percibida por Washington como un área que ofrece oportunidades para la inversión y control por parte de sus CM, porque es un renglón altamente redituable y estratégico de la economía y del territorio mexicanos. Con el aval de los gobiernos neoliberales de México, esta aspiración empresarial y geoestratégica se está concretando como una regresión de dimensiones históricas, sólo equiparable con la entrega de más de la mitad del territorio nacional en 1848.

El DE reconoce explícitamente que sólo con el "retiro" del Estado mexicano -y latinoamericano- de las áreas estratégicas es posible ofrecer ventajas para los inversionistas de su país de cara a la competencia europea y asiática. La inversión en el sector petroeléctrico mexicano, según fuentes oficiales de EU, "...ofrece oportunidades para lograr potencialmente mayores ganancias y, en muchos casos, realizar mayores rendimientos que los disponibles en nuestro propio país". La privatización del complejo petroeléctrico (incluyendo desde luego el gas natural) es concebida de manera integral; de ahí que para la nación mexicana y su población las consecuencias sean de orden mayor tanto económica como geopolíticamente. Esto último, por la colindancia geográfica con EU.

El asunto es planteado por el DE así: "...la privatización también ha desembocado en una creciente convergencia de las actividades relacionadas con el petróleo y las relacionadas con la generación eléctrica. La interconexión entre las compañías petroleras -particularmente aquellas con actividades importantes en la producción y o distribución de gas natural-, y las de generación eléctrica, emana de un número de acontecimientos. En ciertas regiones el gas natural se está transformando en el combustible escogido para nuevos proyectos de generación eléctrica, en parte por las ventajas ambientales relativas del gas natural sobre el carbón y el petróleo".
El enfoque del DE representa la articulación de los intereses de los altos círculos de propietarios y gerentes de las CM que han impulsado la fusión "petroeléctrica", entre las que sobresalen Enron y El Paso en EU, así como las principales petroleras.

La conexión histórica entre la CM y los instrumentos de Estado se ha venido acentuando. La convergencia petrolera y eléctrica genera furor, entusiasmo e ímpetu en el alto empresariado y, desde luego, en la cúpula del BM. El Paso y Enron, cuyos escándalos de corrupción no parecen haber enfriado los ardores privatizadores del BM y el gobierno foxista, han hecho sus negocios por medio de la oferta de una amplia gama de servicios, incluyendo además del gas y electricidad, las actividades de las aseguradoras y servicios varios. Lo mismo se observa en otras CM del ramo. Por ejemplo Shell, empresa tradicional dedicada al gas y al petróleo, amplió sus actividades para incluir el servicio eléctrico en EU; Electricité de France ahora comercia gas, aunque fuera de ese país. Céntrica, el conglomerado de gas y servicios financieros de Gran Bretaña, está adoptando la estrategia de integración de diversas áreas para incursionar en otras áreas.

La motivación de este proceso de integración horizontal es clara. Según Paul Marsh, director de TXU Europe Finance: "...una empresa que combine el manejo y venta de combustibles y la electricidad genera un valor entre 50 y 75 por ciento superior al de las que se dedican a una sola de estas actividades. Con ganancias unitarias de 40 libras esterlinas, comparadas con 25".
En medio de este cambiante panorama, la codicia tradicional y geoestratégica por el petróleo, gas y electricidad de México rápidamente muta en verdadera obsesión. Bajo el influjo de estos poderosos intereses la acometida contra nuestro sector público se intensifica. Tales cambios confieren mayor brío al BM en su tarea de abrirle caminos a la poderosa industria del gas y del petróleo de EU en México. Con la presencia de Bush en la Casa Blanca y de Fox en Los Pinos, el BM parece convencido de que ya el sector energético "está maduro" para proceder con su apropiación a favor del empresariado extranjero.

jueves, 22 de agosto de 2002

EU: el derecho y los tambores de guerra

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 22 de agosto de 2002.

El año pasado, en medio de los ataques masivos de la Fuerza Aérea contra Afganistán, Noam Chomsky advertía: "Estados Unidos siempre ha considerado la diplomacia y el derecho internacional una traba molesta, salvo que puedan ser utilizados como un arma ideológica". Es una observación apegada a la experiencia histórica, ausente en la penosa amnesia que aflige a nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores, según se vio en torno a la mencionada operación militar, así como al operativo que desarrolló Washington desde Uruguay contra Cuba, a la que también se plegó el gobierno de Fox. Pero más allá de la relevancia histórica de la observación de Chomsky -si se tienen presentes los daños a la normatividad internacional y a la credibilidad de la ONU ocasionados por la guerra del Golfo y las operaciones de la OTAN en Kosovo- en meses recientes se ha recrudecido esta tendencia, al punto de pasar a un estado de agresividad contra la normatividad internacional, precisamente cuando empieza a operar la Corte Penal Internacional (CPI) y Washington amenazó con su retiro de las fuerzas de la ONU a menos de que, ante la comisión de crímenes contra la humanidad, se otorgue inmunidad a su personal político y militar. De entonces a la fecha son numerosos los países que han refrendado el estado de impunidad imperial so pena de restringir o "terminar" con "programas de asistencia militar", como el Plan Colombia, de ahí que Bogotá sucumbiera a las exigencias de la Casa Blanca, más con entusiasmo que con pena por parte del gobierno de Uribe.

Aunque los registros documentales avalan la frecuente práctica del terrorismo de Estado por parte de Washington, las evidencias son hoy mucho más nítidas. La aprobación del uso de instrumentos de terror de Estado, mediante operaciones que en el pasado conservaban su carácter de secreto, ahora se reciben con el aplauso público del Congreso de ese país. Pregonar operaciones que involucran el asesinato o el derrocamiento de gobiernos extranjeros denota tanto un deterioro en la cultura política de EU en torno a la vigencia del estado de derecho, como una agudización de las contradicciones, al mismo tiempo que impulsa un peligroso agravamiento de la situación internacional. El análisis sobre los efectos y consecuencias de la diplomacia de fuerza, con sus políticas de infiltración, penetración, desgaste y desgarre de estructuras internas de legitimidad aplicados por Washington, mediante la CIA y otros instrumentos de proyección de poder económico y militar, nos advierte que este tipo de diplomacia tendrá mayores repercusiones en EU con el creciente riesgo de desembocar en una tragedia humana proporcionalmente mayor a lo ocurrido el 11 de septiembre.

Una diplomacia de corte hitleriano, como la que se ha registrado e intensificado en las más recientes décadas, que se experimentó en Chile, Argentina y Uruguay, en Centroamérica, en Medio Oriente, en Kosovo, y de manera brutal contra la población afgana, acelera en el terreno internacional la inducción de un estado de cosas de corte hobbesiano y anárquico. Que esto ocurra en medio de una perceptible fragilidad y vulnerabilidad estructural de EU, confirma los peligros que encierra para la humanidad el inicio de esta era hobbesiana. La gravedad de los acontecimientos recientes se percibe en sucesos como el que la cúpula legislativa de EU, aunque ahora muestra serias reservas en torno a un posible ataque masivo contra Irak, aplaudió la iniciativa de Bush al permitir que la CIA realice operaciones encubiertas para derrocar a Saddam Hussein. Este programa encubierto, dado a conocer por el Washington Post, incluye la autorización de Bush "para usar fuerza letal para capturar a Saddam". Aunque algunos legisladores expresaron dudas, Richard Gephart, líder demócrata, dijo: "espero que tales esfuerzos tengan éxito". Y agregó: "es una opción sabia y prudente". Thomas Daschle aprobó el "principio" que inspira tanto la acción abierta -ataque militar a Irak- como la encubierta -asesinato de Hussein-, "lo fundamental es cómo lo hacemos y cuándo", dijo.

La diplomacia de fuerza del gobierno de Bush conlleva la persistente violación masiva de los derechos humanos. El despliegue de la política exterior de EU dentro y fuera de Occidente, obliga a una urgente corrección del rumbo de sumisión por parte de Tlatelolco en el terreno diplomático, pero también el endoso foxista al esquema empresarial y geoestratégico del PPP impulsado por Washington, entre otros actores, por medio del Banco Mundial; el esfuerzo de Los Pinos por pulir el engranaje de la política en Mesoamérica con el Plan Colombia, así como la igualmente inquietante y persistente profundización del esquema de privatizaciones y extranjerización, ahora del sector energético -con la inusitada y torpe iniciativa de utilizar las Afore para financiar las operaciones de la IP en el sector eléctrico. Las modificaciones en el escenario doméstico de EU -como su creciente militarización- y en el deterioro del medio ambiente internacional, particularmente en Medio Oriente -que implica riesgos para los productores de petróleo y gas natural del continente, como México y Venezuela- parecen no haber sido registrados por el régimen foxista que, impertérrito, opera como si el mundo, y de manera particular la relación bilateral, no hubieran sido afectados por lo que ha seguido al 11 de septiembre.

Uno de los aspectos de mayor peligro es la puesta en marcha de los contratos de servicios múltiples por parte de la actual cúpula empresarial que maneja Pemex y que conllevan la intensificación inusitada de la interconexión de la infraestructura petrolera, gasera y eléctrica con EU, así como el funcionamiento -al margen de la normatividad constitucional vigente- de empresas petroleras, fundamentalmente de EU, en territorio nacional. Peor aún, el esquema se realiza en la frontera con la potencia norteña. Todo ello es una imperdonable irresponsabilidad en momentos en que Washington hace manifestaciones concretas de desprecio al derecho internacional al tiempo que redobla los tambores de guerra en la principal cuenca petrolera del planeta.

viernes, 9 de agosto de 2002

EU: el ascenso militar y el 11/09

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 9 de agosto de 2002.

Todo indica que los fundamentos de la estabilidad política y económica, gestados alrededor de la pax americana después de la Segunda Guerra Mundial, están siendo arrasados por la profundización de la crisis que abate al sistema capitalista como un todo y, de manera inquietante, a Estados Unidos, potencia con primacía global que observa un serio desgaste de su hegemonía económica, especial, aunque no exclusivamente, en las áreas monetaria y de integridad empresarial, que se expresa en frecuentes pánicos bursátiles. En estas circunstancias, Washington juega su "carta fuerte" por medio del ejercicio de una diplomacia centrada en la unilateralidad militar. Es en este contexto en que se deben interpretar las sorprendentes propuestas de Bush después del 11/09: ya hemos analizado cómo con la excusa de la ''guerra antiterrorista'' el Ejecutivo intenta modificar el esquema constitucional que equilibra las relaciones y funciones entre poderes, adquiriendo ahora una nueva dimensión: impactar las relaciones cívico-militares.

La usurpación de funciones es una inclinación que históricamente ha caracterizado a la presidencia imperial, pero después de los ataques contra las Torres Gemelas ha sido llevada al desenfreno por el equipo que maneja la Casa Blanca. El 30 de julio Rubén Navarrete, desde el servicio de noticias del New York Times, informó sobre la petición hecha por Bush al Congreso para modificar el Acta Posse Comitatus de 1878, que es la base formal del principio que impide que el personal militar se involucre en funciones no relacionadas con el mantenimiento de la ley y el orden doméstico. La presidencia imperial abre así las puertas al autoritarismo militar y al debilitamiento de la normatividad constitucional y de los derechos y libertades civiles. De acuerdo con Bush, ''...la amenaza del terrorismo catastrófico requiere una cabal revisión de las leyes, de tal suerte que se permita a los militares actuar en Estados Unidos''.

Al respecto caben dos observaciones: primero, si se revisa la historia de EU, de manera particular la evolución de su estructura de poder, es fácil discernir la existencia de tendencias de largo plazo que se acentúan de manera extraordinaria a raíz de la masiva movilización bélico-industrial de la Segunda Guerra Mundial, y desde ahí de la consolidación de una economía permanente de guerra. Se observa la persistencia y profundización de los persistentes lazos entre el Estado y la clase empresarial, que llega a lo que sólo puede calificarse de nuevo nivel, en el sentido de que la imbricación, como resultado de lo ocurrido a partir de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial, impide concebirlas como dos mundos separados.

Charles Wright Mills, en su clásico La elite del poder (FCE, 1964), demuestra que el crecimiento de la rama ejecutiva, con todas las agencias por medio de las que supervisa una economía compleja, no significa sólo una mera ampliación de la actividad gubernamental o alguna suerte de autonomía burocrática, sino que ha reflejado el ascenso político de los altos ejecutivos empresariales y su ingreso directo a los directorios políticos. Después de la guerra el peso de esos ejecutivos aumentó al punto de dominio. Con una relación cercana con el gobierno que se fue acentuando a lo largo de los decenios, esos altos ejecutivos dirigen desde los directorios político-gubernamentales el esfuerzo bélico-industrial, relegando a muchos políticos profesionales en el Poder Legislativo a rangos medios. Tal es, entre muchos otros, el caso del vicepresidente Cheney y de Haliburton -y unidades a ella afiliadas-, la empresa de servicios petroleros que dirigiera hasta que asumió ese cargo, receptora, como pocas, de generosos contratos del Departamento de Defensa.

Los procesos y acontecimientos que hemos presenciado a lo largo de la guerra fría hasta hoy han consolidado la percepción de Mills de que la clave estructural del poder se centra en la relación entre la corporación y el Estado, esto último, especialmente, por medio del aparato militar, cuyo ascenso político también es impulsado como resultado de la Segunda Guerra y las que le han seguido en Corea, Vietnam, el Golfo Pérsico, Kosovo, y de manera muy particular e intensa, luego de los "catastróficos ataques terroristas" que ahora Bush utiliza como justificación para remover cualquier obstáculo formal a la consolidación del sector castrense como actor dominante en la dinámica política estadunidense. El imperio parece haber ingresado a la "etapa pretoriana" de su crisis hegemónica.

En segundo lugar, cabe tomar nota que lo curioso del razonamiento de Bush en la promoción del pretorianismo doméstico es que dicha promoción es realizada por el mismo mandatario, cuyo equipo de trabajo en el área de seguridad nacional, decidió prestar oídos sordos a lo que ahora, a raíz de recientes investigaciones legislativas, aparece como un impresionante cúmulo de advertencias previas al 11/09, hechas desde dentro y desde fuera de EU en torno a posibles ataques terroristas catastróficos en territorio estadounidense. A las urgentes llamadas de atención provenientes de Italia, Egipto y otros servicios de inteligencia del Oriente Medio se agregan los del M16, el servicio de inteligencia británico con relaciones muy estrechas con sus contrapartes estadounidenses, que desde el 1999 había prevenido a EU sobre planes terroristas de utilizar aviones civiles para "un ataque no convencional" semejante al que ocurrió el 11/09 (La Jornada, 10 de junio, p. 36).

La aparente ineficacia del aparato de seguridad para evitar o minimizar los atentados de septiembre, ocurre simultáneamente con la fuerte propensión de George W. Bush, el aparato bélico-industrial y fracciones importantes de la cúpula militar y de la Comunidad de Inteligencia -CIA, Agencia de Seguridad Nacional y FBI entre otras-, a recolectar el "maná político y presupuestal" derivado del "terrorismo catastrófico" que costó la vida a más de 3 mil civiles el pasado septiembre.

jueves, 25 de julio de 2002

EU: crisis económica y guerra

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 25 de julio de 2002.

"Infecciosa codicia". Así calificó Alan Greenspan la semana pasada la raíz causal de la generalizada crisis de confianza que abate a los inversionistas de Wall Street; "infección" gestada al calor de graves y dolosas manipulaciones contables y toda suerte de trucos especulativos de las cúpulas dirigentes de las empresas que cotizan en la bolsa. Cabe mencionar, de paso, que son las mismas "mafias" (para usar el calificativo que asignó el gobernador de California a los consorcios interesados en nuestro sector energético) que hoy por hoy se esfuerzan (mediante el neoporfiriato foxista, dedicado a la entrega y el saqueo del patrimonio nacional) en el apoderamiento de los activos y de los recursos naturales estratégicos: electricidad, petróleo, gas natural, minerales, agua y biodiversidad, entre otros.

Desde luego, nadie sabe cuánto tiempo se prolongarán los efectos de este crack y del "pánico bursátil" que le acompaña, pero, según algunos de los más experimentados analistas, entre quienes sobresale James Marmon, ex presidente del Eximbank y de la firma de inversionistas Schroder Wertheim & Co, "... este mercado no rebotará (will not boomerang) y las ganancias de las empresas más importantes que cotizan en él, durante los próximos años probablemente no podrán mantener el mismo ritmo de crecimiento del PNB". Es una opinión compartida por importantes economistas del sector privado y académico de EU. Se trata de un estallido de la burbuja especulativa, escalofriante por sus dimensiones y reminiscente a la década de 1930.
Como he apuntado en otra oportunidad (Geoeconomía y geopolítica del Caribe, UNAM, 1997), es indispensable la perspectiva histórica para la cabal dilucidación del crack bursátil que siguió al boom especulativo de la década de 1990, así como su contexto político-militar, especialmente en lo referido al uso del gasto público en tiempos de guerra como mecanismo anticíclico.

Thorstein Veblen, el más notable analista de la evolución del capitalismo industrial estadunidense del siglo XIX y principios del XX, mostró cómo la guerra de 1812 se vinculó con la gran depresión de 1808-1809, y que efectivamente propició la recuperación gradual y el auge experimentados plenamente en 1813-1814, ofreciendo luego estudios detallados de los acontecimientos de política exterior que siguieron al pánico bursátil de 1836 y de las condiciones de depresión generalizada de 1837 a 1843.

Después de la guerra contra México surgen oleadas de gran prosperidad como resultado de la gran especulación que siguió a la repartición de bienes raíces a troche y moche, resultado de la toma y absorción de poco más de la mitad del territorio mexicano. Posteriormente, los efectos de la guerra civil fueron igualmente estimulantes para la industria vinculada a la fabricación de abastecimientos y maquinaria de guerra.

En una obra publicada en 1904 (Theory of Business Enterprise), Veblen observaba que a partir de la década de 1870 el curso de los acontecimientos en el mundo empresarial había adoptado un cambio más permanente en relación con las crisis y las depresiones, y que el periodo de prosperidad que se cerraba a principios del siglo XX "... surgió de la guerra hispanoamericana (1898), que conllevó gastos en abastecimientos, municiones y servicios, colocando al país en pie de guerra, ayudando a desvanecer la depresión y llevando prosperidad a la comunidad empresarial" (ibid, p. 251).

Recuérdese que se trata de las operaciones militares mediante las cuales Washington impulsó la globalización de su comercio e inversión, tomando Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Según Veblen, frente a la tendencia crónica del sistema capitalista a la depresión, los "intereses creados" se las arreglan para montar "estímulos" con el fin de crear lo que denomina "consumo improductivo", por medio de políticas que alientan la preocupación popular -en el siglo XIX- por la "integridad nacional", o lo que durante la guerra fría se hizo en nombre de la "seguridad nacional" y hoy, como parte de la "guerra contra el terrorismo", por la "seguridad de la madre patria".
Quienes encuentren esta visión como algo irreal a partir de 1904, mejor recuerden que la economía de EU se salvó de una fuerte contracción gracias a la Primera Guerra Mundial y a la prosperidad que le siguió, y que luego volvió a hundirse en la más profunda depresión en los años 30, de la que se recuperó sólo después de su participación en la Segunda Guerra Mundial, y que las prosperidades que siguieron -también en ciclos recesivos- se han asociado con guerras frías y calientes, que han significado la inversión en el sector militar -en dólares constantes de 1970- de 4 billones 400 mil millones entre 1945 y 1990. En todas estas ocasiones se intensificaron las campañas de histeria xenofóbica, aunque resulta explicable que analistas decimonónicos, como Tocqueville, jamás pudieron imaginar el desenfreno militarista que se desató durante la guerra fría, y que Marcuse calificó como "un estado de guerra", en el cual el estado de bienestar se logra por medio de la movilización total de los recursos humanos y materiales para la eventualidad de una guerra, interna o externa, contra un enemigo, interno o externo, real o imaginario.

El antropólogo Jules Henry completó el cuadro marcusiano cuando se refirió a un aspecto nodal de la cultura del "estado de guerra": el miedo obsesivo a la aniquilación por una potencia extranjera. Aunque analistas como Tocqueville visualizaron muchas de las consecuencias humanas de la nueva tecnología y nueva ciencia que estaban surgiendo, jamás pudieron imaginarse, en palabras de Henry, "... el fantasma de muerte que crearían, o que llegaría a ser común que científicos y estadistas se imaginasen centenares de millones de cadáveres".
En la era de los armamentos termonucleares, químicos, biológicos y de la cohetería balística intercontinental, "eso" -que incluye la destrucción del marco de referencia bioquímico del planeta- es lo que está en juego.

jueves, 11 de julio de 2002

EU: bioterrorismo de Estado

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 11 de julio de 2002.

Desde que Bush calificó de "fase dos" a los ataques bioterroristas que se registraron después del 11/09, resultó importante determinar sus vínculos con los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Aunque la Casa Blanca lo negó al principio, se acumularon evidencias que indican que sectores de la Comunidad de Inteligencia (CI) habían recibido abundantes advertencias sobre un potencial ataque utilizando aviones de pasajeros como armas de guerra, y por negligencia, incompetencia -¿o conveniencia?- no actuaron.

En ese contexto fue llamativa la oposición de Bush a cualquier investigación independiente sobre qué sabía el equipo de la Casa Blanca y la CI antes del 11 de septiembre. Si la sombra de la sospecha se cierne sobre la fase uno, ahora se hace pública información explosiva en torno a los ataques ocurridos en la "fase dos" usando ántrax.

Una reseña del drama político y legislativo que ocurrió en el contexto del clima de pánico e indignación generado por el bioterrorismo muestra, primero, cómo logró neutralizar el natural desgaste del choque sicopolítico ocasionado por el 11/09 y luego cómo facilitó la aprobación de un conjunto de medidas, incluyendo la Ley Patriota, documento central impulsado por Bush y Ashcroft, que implanta un estado de excepción que debilita los sustentos normativos y constitucionales de la democracia y de los derechos y libertades civiles.

La importancia de esclarecer la conexión entre estas dos fases se basa en que la FBI aceptaba como muy probable el origen doméstico del bioterrorismo, aunque su director, que opera bajo las órdenes del fiscal Ashcroft, se apresuró a atribuírselo a un "bioquímico solitario".

Ignorado significativamente por los medios electrónicos, el tema adquirió resonancia mayor desde el martes 2 de julio cuando el New York Times publicó una columna de Nicholas D. Kristof (Antrax? The FBI Yawns) en la que se pone en tela de juicio la hipótesis de la incompetencia de los organismos de seguridad y se ofrecen datos que dan plausibilidad a contemplar otras explicaciones más siniestras sobre la fase dos que, a decir de Rosa Townsed (El País, 7/07/02, p. 1), están siendo suscritas por un número cada vez mayor de científicos y medios de comunicación, "que denuncian una trama de encubrimiento al más alto nivel".

Una de las observaciones más importantes de Kristof se refiere a que la falta de resultados en la investigación de la FBI sobre el bioterrorismo, nueve meses después de ocurridos los atentados, se debe no al letargo, abulia o a la superabundancia de información que oficialmente se aduce como explicación a la incapacidad para evitar tanto la fase una como la fase dos, sino a un intento deliberado por encubrir el involucramiento de agentes gubernamentales del más alto nivel del gobierno y de la CI en las acciones bioterroristas. El principal sospechoso, que Kristof identifica como Mr. Z, y que, según Townsend, se llama Steven Hatfill, "es un científico ligado a la CIA y el Pentágono". Ni más ni menos. Además es acusado de causar el mayor brote de ántrax de la historia, que mató a 10 mil campesinos. Esta proeza la realizó mientras trabajaba simultáneamente para el ejército de Estados Unidos y el régimen racista blanco de la entonces Rodesia -hoy Zimbawe. Kristof y Towsend indican que Hatfill continúa trabajando en misiones especiales del gobierno de Bush en Asia Central.

Los análisis genéticos realizados confirman que las cartas con ántrax dirigidas a los senadores demócratas Tom Dashle y Patrick Leahy sólo podían ser obra de un experto en ántrax, vacunado contra el patógeno y con acceso al Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército en Fort Detrick (Maryland), donde se llevan a cabo experimentos secretos de biodefensa. Según Townsed, esto llevó a Steven Block, profesor de guerra bacteriológica en la Universidad de Stanford, a sugerir que la razón por la que la FBI está retrasando la investigación es porque "el autor (de los atentados) o bien tiene información sobre el gobierno de Estados Unidos o bien es el propio gobierno" (p. 2). Lo grave es que el aparente letargo del aparato de seguridad (FBI) al mando de Ashcroft ya permitió que se incinerara parte importante de la evidencia (ántrax) necesaria en la indagación.

Las implicaciones son de orden mayor. Hatfil continúa al servicio del gobierno de Bush a pesar de que realizó un ataque bioterrorista contra la integridad física de la población y del liderato demócrata en el Senado, lo que lleva a varios analistas a la conclusión de que el gobierno actúa como "facilitador", después de los hechos, o antes de que ocurran, de un programa de acción de la fracción en el poder, en su fase dos, que tiende a la eliminación física o política de la oposición legislativa que endosa la investigación sobre el 11/09 que se realiza a puertas cerradas.
La operación militar que se planea contra Irak, justo antes de las elecciones legislativas de noviembre, aparentemente se orienta, entre otros objetivos, a crear condiciones que permitan el dominio de ambas cámaras por parte del equipo de ultraderecha encabezado por Bush.

jueves, 27 de junio de 2002

El Pentágono y la desinformación en Afganistán

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 27 de junio de 2002.

Estados Unidos se encuentra en estado de guerra. Es un hecho con profundas implicaciones. La situación es grave si se tiene presente el fundamentalismo del régimen de Bush, con su radical abandono de los instrumentos multilaterales y un peligroso desdén por la vigencia del estado de derecho, dentro y fuera de EU. Esto ocurre junto con una concentración y proyección unilateral del poderío militar estadunidense, afectando de manera profunda las relaciones cívico-militares, los equilibrios constitucionalmente establecidos entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los derechos y libertades civiles. Al norte tenemos instalado un régimen de excepción con la excusa de una guerra contra el terrorismo, en el que se explicitan los elementos de Estado policiaco, que ya contenía, y se registra una inquietante usurpación por parte del Ejecutivo, especialmente de su aparato militar y de inteligencia, de funciones legislativas y judiciales.

Abundan casos de arbitrariedades. Uno de los que más llamaron la atención fue el establecimiento por parte del Departamento de Defensa de una oficina encargada de "desinformar" al mundo, como parte de la estrategia de la guerra. La propuesta llamó la atención pública nacional e internacional y concitó una natural indignación en EU por la amenaza que representa este tipo de arbitrariedad estatal de corte orwelliano-totalitario, lo que obligó al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, a retirar la iniciativa. Pero lo que no se difundió suficientemente fue la intención, declarada por el mismo Rumsfeld, de persistir en lo mismo, pero usando otros canales disponibles desde la Segunda Guerra Mundial, dentro de la vasta estructura burocrática del Departamento de Defensa. Una de ellas, la Unidad de Guerra Psicológica Mundial del Ejército, ha sido ampliamente utilizada, aunque sólo de manera marginal se ha informado sobre su existencia.

Durante la masacre perpetrada contra la población afgana -James Petras acierta al rechazar el término "guerra de Afganistán" para referirse a una contienda en la que de un lado se registran seis bajas y más de 10 mil en el otro- esa unidad, según el Departamento de Defensa, fue vital. Especialmente, como informa Tom Vernon (Radio World, abril de 2002), el aparato militar estadunidense actuó por medio del ala de operaciones especiales 193, parte del comando de operaciones especiales de la fuerza aérea de EU, encargada en esa ocasión de "la difusión de mensajes de propaganda a la población local afgana y a los soldados talibanes".

La Unidad de Guerra Sicológica cuenta con equipos de la más alta tecnología que puede ofrecer la electrónica y la aeronáutica, lo que le permite recibir y transmitir en todos los canales de difusión internacional. Vernon nos informa que además de transmitir material para programas, "se pueden perturbar transmisiones locales para persuadir a los oyentes de que sintonicen las frecuencias de propaganda" y nos recuerda que aunque los orígenes de estas unidades se remontan a 1942, su misión actual de desinformación u "operaciones sicológicas" (PSYOP) comenzó en 1968 y permaneció como actividad clasificada "secreta" hasta 1989.

Estas unidades, especialmente la que funciona bajo el número 193, han llevado a cabo operaciones secretas en Vietnam, Corea del Sur, Puerto Rico, Arabia Saudita, Egipto, Kuwait y durante el brutal ataque aéreo contra los barrios populares de Panamá en 1989.
La descripción que nos ofrece sobre los equipos utilizados indica una fuerte erogación a favor de grandes empresas, entre las que sobresalen Hewlett-Packard, Rockwell, Delta Electronics, Lockheed Martin Aeronautics, Ramko, Otari, Panasonic, etcétera. En esta esfera de relaciones bélico-industriales, la simbiosis del Estado con la corporación -eje central del fenómeno imperialista- es fundamental y genera un dinamismo propio, centrado en un índice de ganancias que sobrepasa en mucho lo que es usual en las transacciones que prevalecen en la economía civil. Los sobrecostos pueden oscilar de 500 hasta 6 mil por ciento. Así se canalizan "subsidios" masivos, en este caso a la industria electrónica y aeronáutica. Qué duda cabe que EU es el campeón en guerra sicológica, pero el principal problema con que se enfrentan técnicos y estrategas en Afganistán es ¿cómo perturbar transmisiones locales y persuadir a los oyentes a escuchar toda esa bien maquinada propaganda cuando son escasos los afganos que cuentan con un radio, ya sin hablar del televisor?

Toda esta alta tecnología usada contra la población afgana contrasta con su miseria y atraso. Sin embargo, el Departamento de Defensa y su clientela industrial cuentan con solución para todo, especialmente si representa un buen negocio. Este pequeño "detalle" recibe una solución del Pentágono, descrita por Vernon de la siguiente manera: "Uno de los problemas que ocasiona transmitir a un área como Afganistán es que pocas personas tienen radios. Pero el gobierno de EU decidió arrojar con paracaídas receptores a cuerda".

jueves, 13 de junio de 2002

EU: el nacionalismo económico

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 13 de junio de 2002.

Todo indica que el Congreso de Estados Unidos se inclina a apoyar las gestiones de Bush para acelerar la aprobación del Acuerdo del Libre Comercio de las Américas (ALCA) por medio del cual se impulsa la ampliación -y maximización- hacia América Latina de las concesiones irresponsablemente formalizadas en el TLCAN por el gobierno de Salinas.
Impulsada bajo la retórica del "libre mercado y democracia" se realiza en medio de una profundización de la proyección de instrumentos policiaco-militares contrainsurgentes y de una acentuación del "nacionalismo económico" de Estados Unidos. Una postura que se concreta en la adopción unilateral de más proteccionismo y subsidio en áreas vitales como las de alta tecnología -aerospacial, microelectrónica, biotecnología, etcétera-, agrícola y acerera, así como en la aplicación de barreras verdes y una intensa campaña antimigratoria que permite mantener una diferencia fundamental entre el valor de la fuerza de trabajo estadunidense y latinoamericana.
El fenómeno no es nuevo: el contraste entre lo que la potencia norteña "dice" en torno al libre mercado y la democracia, y su práctica proteccionista y militarista caracteriza su política exterior. Ese nacionalismo no se restringe a un endurecimiento comercial, sino que incluye el reconocimiento de una vinculación importante entre la posición competitiva de la primera potencia imperial y su prosperidad doméstica. Un tema que ha suscitado una continua indagación de centros de investigación, por ejemplo del Economics Policy Institute (EPI), pero que no concita mayor atención al sur del Bravo, quizá como resultado de la saturación ideológica que se despliega bajo la rúbrica de la "globalización".

El resurgimiento económico europeo y asiático observado a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado de manera paulatina transformó la concepción básica de los estadunidenses, uno de cuyos principales ingredientes es la intensificación del nacionalismo económico. La estrecha interrelación entre las condiciones económicas y político-militares en ultramar con las domésticas, adquiere dimensiones muy complejas con repercusiones inmediatas hasta la Patagonia, que es necesario evaluar en el contexto del debate sobre el ALCA. En la base del relanzamiento de la paz americana por la vía militar (por ejemplo, el Plan Colombia), en el TLCAN y el ALCA, está el persistente cambio de la posición relativa de las grandes firmas de Estados Unidos que dominaron de manera abrumadora el aparato productivo mundial durante los primeros 25 años después de la Segunda Guerra Mundial.

Ya para 1999, según lo documenta el listado de Fortune (julio 24, 2000), de las 500 empresas más importantes por su nivel de ventas 179 eran de Estados Unidos, 148 de la Unión Europea (UE), 107 de Japón, 12 de Canadá, 12 de Corea del Sur, 11 de Suiza, 10 de China, siete de Austria y tres de Brasil. De igual manera se observan cambios importantes en la posición exportadora de Estados Unidos que pasa de una amplia dominación mundial después de la guerra a la situación de hoy. Según la dirección de estadísticas del FMI, en 1999 las exportaciones totales de Estados Unidos hacia Japón y la UE fueron de 687.5 mil millones de dólares, las de Japón de 421 mil millones de dólares, y las de la UE de 2 billones 92.3 mil millones de dólares.

En materia de inversión extranjera directa las cifras son de 861 mil millones de dólares, 372 mil millones de dólares y un billón 309 mil millones de dólares, respectivamente. Lo anterior muestra la importancia de concretar un traspatio hemisférico como espacio para impulsar las multinacionales de Estados Unidos frente a una UE y un Japón fuertemente preocupantes. Al mismo tiempo que se fortalece el aparato normativo de Estados Unidos, que incluye severas restricciones a la inversión extranjera en áreas estratégicas bajo el rubro de seguridad nacional -aeronáutica, transportación marítima y terrestre, exploración y perforación petrolera, reservas mineras, de gas y agua, sistemas satelitales, etcétera. Proceso que en el contexto post 11/09 se intensifica.

Una síntesis ofrecida por el EPI de encuestas realizadas a lo largo de los años 80 y 90 por Gallup, CBS, NBC, Harris Poll, entre otras, el nacionalismo económico es tema central y el público está "muy preocupado" por el aumento del control extranjero sobre la propiedad de empresas y activos, lo que perciben como "una amenaza a la autonomía del país". Las encuestas indican que el ciudadano promedio siente que la extranjerización del aparato productivo constituye "el símbolo más poderoso de la debilidad económica estadunidense". En una encuesta del Times Mirror (1989), 70 por ciento opinó que la inversión extranjera era "mala" para la economía. Nación de propietarios, los estadunidenses rechazan que los extranjeros dominen su vida económica. Cuando se les preguntó por qué se oponían a la inversión extranjera, la respuesta más común fue que "...los estadunidenses deben ser dueños de Estados Unidos". Esto contrasta con el sistema aperturista de corte imperial que se trata de imponer a América Latina por medio del ALCA.

jueves, 30 de mayo de 2002

11/09: monumental falla de seguridad

John Saxe Fernández
La Jornada.
México 30 de mayo de 2002.

Llama la atención de prensa y analistas la sistemática oposición de la Casa Blanca y de la comunidad de inteligencia (CI) a cualquier indagación independiente sobre la actuación del aparato de seguridad antes de la catástrofe del 11/09. Los obstáculos que Bush y la CI colocan ante esa iniciativa derivan del temor de que se debilite su capacidad de controlar los parámetros de cualquier investigación legislativa, que les podría acarrear graves daños políticos, judiciales y aun constitucionales.

Este rechazo no es menor si se tiene presente que la CI, con el Ejecutivo a la cabeza, incluye a la CIA, la FBI, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la inteligencia militar. Pero para mantener el estado de derecho es imprescindible sentar, en palabras de Baltasar Garzón, "las responsabilidades por omisión culpable de todos los servicios de seguridad, inteligencia y policiales de Estados Unidos en la no prevención de la masacre". Para Bush et al la situación se complica por las crecientes contradicciones entre sus declaraciones públicas sobre lo que realmente sabían antes de la tragedia y lo que se ha dado a conocer en los últimos días, debido a varias fugas de inteligencia y documentos clasificados.

Se justifica el furor, tipo Watergate, en los medios político-legislativos y periodísticos por las contradicciones. Condoleezza Rice dijo que no se advirtió al público de los riesgos de ataques terroristas previos a la tragedia porque la información "era muy general y aparecía relacionada con operativos en ultramar" y que "nadie pudo haber previsto que esta gente... usaría un avión como cohete".

El vocero de la Casa Blanca, Ari Fleischer, comunicó que "los secuestros (de aviones) antes del 11/09 y los secuestros después del 11/09 significan dos cosas muy, pero muy diferentes". Los reporteros de la fuente recuerdan que en la tarde del 11/09 le preguntaron "si el presidente había recibido alguna advertencia del ataque" y Fleisher respondió que no (no warnings). De igual modo Bush dijo: "Estados Unidos jamás se imaginó antes del 11 de septiembre que alguien nos atacaría". Aschcroft también se expresó así y añadió el 16/09 que "es necesario asegurarnos de que se asigne la más alta prioridad a la lucha contra el terrorismo". Ahora se sabe que meses antes del 11/09 Ashcroft rechazó solicitudes de la FBI para contratar a más analistas en contraterrorismo, mientras simultáneamente la FBI le recomendaba que por seguridad "sólo debía viajar en aviones chárter". Más grave: según Bob Woodward y Dan Eggen, del Washington Post (WP), en 1999 un informe preparado por el Consejo Nacional de Inteligencia, afiliado a la CIA, había advertido que "terroristas vinculados con Bin Laden podrían secuestrar un avión y estrellarlo contra el Pentágono, la Casa Blanca o la sede de la CIA".

Además, el WP (16 mayo 2002) publicó que en un memorándum clasificado, escrito por un agente del FBI desde Phoenix en julio/01, se establecieron "firmes vínculos entre un grupo de estudiantes de aviación y Al-Qaeda". El documento de cinco cuartillas fue enviado a la matriz de la FBI a principios de julio.

El republicano R. Shelby, del Comité de Inteligencia del Senado, aseguró que el memorándum de Phoenix "fue una advertencia muy importante y no se le prestó atención. No se distribuyó. No se actuó con base en el mismo" (WP, 15 de mayo). Por su parte, el senador demócrata Bob Graham, presidente del mismo comité, afirma que otro documento de la CIA había sido incluido en agosto como parte de la síntesis altamente secreta que recibe el presidente todas las mañanas, advirtiéndole que Bin Laden estaba planeando un gran ataque contra Estados Unidos. Según Newsweek (27 de mayo de 2002), el vicepresidente Cheney reiteró en entrevista que "las advertencias eran difusas... no hubo amenazas específicas sobre operaciones domésticas o del tipo que ocurrieron", y "no mencionó que los encargados del cumplimiento de la ley en Estados Unidos, incluyendo a George Tenet, director de la CIA, habían advertido de manera urgente sobre un inminente ataque doméstico".

La incompetencia llegó a extremos: según Anne M. Mergier (Proceso, 12 de octubre de 2001), se registraron operaciones de especulación bursátil antes del 11/09, con las acciones de empresas claves: United Airlines, American Airlines, Morgan Stanley Dean Witter & Co -22 pisos en las Torres Gemelas-; Merril Lynch, con oficinas en un edificio derruido cercano a las torres y de las aseguradoras Munich Re, Swis Re y Axa. Estas operaciones, que tipifican el delito de "aprovechamiento ilícito de informaciones privilegiadas", ¿tampoco fueron registradas por la NSA, una de cuyas principales funciones es detectar este tipo de ilícitos?
Si fue incompetencia, el caso es grave en extremo por la enorme pérdida de vidas. Y si no lo fue, y estaban al tanto de lo que se perfilaba en el horizonte, entonces, en comparación, las "operaciones negras" del equipo de Nixon responsable de Watergate van a lucir como las movidas de inocentes matronas jugando canasta.