jueves, 22 de agosto de 2002

EU: el derecho y los tambores de guerra

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 22 de agosto de 2002.

El año pasado, en medio de los ataques masivos de la Fuerza Aérea contra Afganistán, Noam Chomsky advertía: "Estados Unidos siempre ha considerado la diplomacia y el derecho internacional una traba molesta, salvo que puedan ser utilizados como un arma ideológica". Es una observación apegada a la experiencia histórica, ausente en la penosa amnesia que aflige a nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores, según se vio en torno a la mencionada operación militar, así como al operativo que desarrolló Washington desde Uruguay contra Cuba, a la que también se plegó el gobierno de Fox. Pero más allá de la relevancia histórica de la observación de Chomsky -si se tienen presentes los daños a la normatividad internacional y a la credibilidad de la ONU ocasionados por la guerra del Golfo y las operaciones de la OTAN en Kosovo- en meses recientes se ha recrudecido esta tendencia, al punto de pasar a un estado de agresividad contra la normatividad internacional, precisamente cuando empieza a operar la Corte Penal Internacional (CPI) y Washington amenazó con su retiro de las fuerzas de la ONU a menos de que, ante la comisión de crímenes contra la humanidad, se otorgue inmunidad a su personal político y militar. De entonces a la fecha son numerosos los países que han refrendado el estado de impunidad imperial so pena de restringir o "terminar" con "programas de asistencia militar", como el Plan Colombia, de ahí que Bogotá sucumbiera a las exigencias de la Casa Blanca, más con entusiasmo que con pena por parte del gobierno de Uribe.

Aunque los registros documentales avalan la frecuente práctica del terrorismo de Estado por parte de Washington, las evidencias son hoy mucho más nítidas. La aprobación del uso de instrumentos de terror de Estado, mediante operaciones que en el pasado conservaban su carácter de secreto, ahora se reciben con el aplauso público del Congreso de ese país. Pregonar operaciones que involucran el asesinato o el derrocamiento de gobiernos extranjeros denota tanto un deterioro en la cultura política de EU en torno a la vigencia del estado de derecho, como una agudización de las contradicciones, al mismo tiempo que impulsa un peligroso agravamiento de la situación internacional. El análisis sobre los efectos y consecuencias de la diplomacia de fuerza, con sus políticas de infiltración, penetración, desgaste y desgarre de estructuras internas de legitimidad aplicados por Washington, mediante la CIA y otros instrumentos de proyección de poder económico y militar, nos advierte que este tipo de diplomacia tendrá mayores repercusiones en EU con el creciente riesgo de desembocar en una tragedia humana proporcionalmente mayor a lo ocurrido el 11 de septiembre.

Una diplomacia de corte hitleriano, como la que se ha registrado e intensificado en las más recientes décadas, que se experimentó en Chile, Argentina y Uruguay, en Centroamérica, en Medio Oriente, en Kosovo, y de manera brutal contra la población afgana, acelera en el terreno internacional la inducción de un estado de cosas de corte hobbesiano y anárquico. Que esto ocurra en medio de una perceptible fragilidad y vulnerabilidad estructural de EU, confirma los peligros que encierra para la humanidad el inicio de esta era hobbesiana. La gravedad de los acontecimientos recientes se percibe en sucesos como el que la cúpula legislativa de EU, aunque ahora muestra serias reservas en torno a un posible ataque masivo contra Irak, aplaudió la iniciativa de Bush al permitir que la CIA realice operaciones encubiertas para derrocar a Saddam Hussein. Este programa encubierto, dado a conocer por el Washington Post, incluye la autorización de Bush "para usar fuerza letal para capturar a Saddam". Aunque algunos legisladores expresaron dudas, Richard Gephart, líder demócrata, dijo: "espero que tales esfuerzos tengan éxito". Y agregó: "es una opción sabia y prudente". Thomas Daschle aprobó el "principio" que inspira tanto la acción abierta -ataque militar a Irak- como la encubierta -asesinato de Hussein-, "lo fundamental es cómo lo hacemos y cuándo", dijo.

La diplomacia de fuerza del gobierno de Bush conlleva la persistente violación masiva de los derechos humanos. El despliegue de la política exterior de EU dentro y fuera de Occidente, obliga a una urgente corrección del rumbo de sumisión por parte de Tlatelolco en el terreno diplomático, pero también el endoso foxista al esquema empresarial y geoestratégico del PPP impulsado por Washington, entre otros actores, por medio del Banco Mundial; el esfuerzo de Los Pinos por pulir el engranaje de la política en Mesoamérica con el Plan Colombia, así como la igualmente inquietante y persistente profundización del esquema de privatizaciones y extranjerización, ahora del sector energético -con la inusitada y torpe iniciativa de utilizar las Afore para financiar las operaciones de la IP en el sector eléctrico. Las modificaciones en el escenario doméstico de EU -como su creciente militarización- y en el deterioro del medio ambiente internacional, particularmente en Medio Oriente -que implica riesgos para los productores de petróleo y gas natural del continente, como México y Venezuela- parecen no haber sido registrados por el régimen foxista que, impertérrito, opera como si el mundo, y de manera particular la relación bilateral, no hubieran sido afectados por lo que ha seguido al 11 de septiembre.

Uno de los aspectos de mayor peligro es la puesta en marcha de los contratos de servicios múltiples por parte de la actual cúpula empresarial que maneja Pemex y que conllevan la intensificación inusitada de la interconexión de la infraestructura petrolera, gasera y eléctrica con EU, así como el funcionamiento -al margen de la normatividad constitucional vigente- de empresas petroleras, fundamentalmente de EU, en territorio nacional. Peor aún, el esquema se realiza en la frontera con la potencia norteña. Todo ello es una imperdonable irresponsabilidad en momentos en que Washington hace manifestaciones concretas de desprecio al derecho internacional al tiempo que redobla los tambores de guerra en la principal cuenca petrolera del planeta.

viernes, 9 de agosto de 2002

EU: el ascenso militar y el 11/09

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 9 de agosto de 2002.

Todo indica que los fundamentos de la estabilidad política y económica, gestados alrededor de la pax americana después de la Segunda Guerra Mundial, están siendo arrasados por la profundización de la crisis que abate al sistema capitalista como un todo y, de manera inquietante, a Estados Unidos, potencia con primacía global que observa un serio desgaste de su hegemonía económica, especial, aunque no exclusivamente, en las áreas monetaria y de integridad empresarial, que se expresa en frecuentes pánicos bursátiles. En estas circunstancias, Washington juega su "carta fuerte" por medio del ejercicio de una diplomacia centrada en la unilateralidad militar. Es en este contexto en que se deben interpretar las sorprendentes propuestas de Bush después del 11/09: ya hemos analizado cómo con la excusa de la ''guerra antiterrorista'' el Ejecutivo intenta modificar el esquema constitucional que equilibra las relaciones y funciones entre poderes, adquiriendo ahora una nueva dimensión: impactar las relaciones cívico-militares.

La usurpación de funciones es una inclinación que históricamente ha caracterizado a la presidencia imperial, pero después de los ataques contra las Torres Gemelas ha sido llevada al desenfreno por el equipo que maneja la Casa Blanca. El 30 de julio Rubén Navarrete, desde el servicio de noticias del New York Times, informó sobre la petición hecha por Bush al Congreso para modificar el Acta Posse Comitatus de 1878, que es la base formal del principio que impide que el personal militar se involucre en funciones no relacionadas con el mantenimiento de la ley y el orden doméstico. La presidencia imperial abre así las puertas al autoritarismo militar y al debilitamiento de la normatividad constitucional y de los derechos y libertades civiles. De acuerdo con Bush, ''...la amenaza del terrorismo catastrófico requiere una cabal revisión de las leyes, de tal suerte que se permita a los militares actuar en Estados Unidos''.

Al respecto caben dos observaciones: primero, si se revisa la historia de EU, de manera particular la evolución de su estructura de poder, es fácil discernir la existencia de tendencias de largo plazo que se acentúan de manera extraordinaria a raíz de la masiva movilización bélico-industrial de la Segunda Guerra Mundial, y desde ahí de la consolidación de una economía permanente de guerra. Se observa la persistencia y profundización de los persistentes lazos entre el Estado y la clase empresarial, que llega a lo que sólo puede calificarse de nuevo nivel, en el sentido de que la imbricación, como resultado de lo ocurrido a partir de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial, impide concebirlas como dos mundos separados.

Charles Wright Mills, en su clásico La elite del poder (FCE, 1964), demuestra que el crecimiento de la rama ejecutiva, con todas las agencias por medio de las que supervisa una economía compleja, no significa sólo una mera ampliación de la actividad gubernamental o alguna suerte de autonomía burocrática, sino que ha reflejado el ascenso político de los altos ejecutivos empresariales y su ingreso directo a los directorios políticos. Después de la guerra el peso de esos ejecutivos aumentó al punto de dominio. Con una relación cercana con el gobierno que se fue acentuando a lo largo de los decenios, esos altos ejecutivos dirigen desde los directorios político-gubernamentales el esfuerzo bélico-industrial, relegando a muchos políticos profesionales en el Poder Legislativo a rangos medios. Tal es, entre muchos otros, el caso del vicepresidente Cheney y de Haliburton -y unidades a ella afiliadas-, la empresa de servicios petroleros que dirigiera hasta que asumió ese cargo, receptora, como pocas, de generosos contratos del Departamento de Defensa.

Los procesos y acontecimientos que hemos presenciado a lo largo de la guerra fría hasta hoy han consolidado la percepción de Mills de que la clave estructural del poder se centra en la relación entre la corporación y el Estado, esto último, especialmente, por medio del aparato militar, cuyo ascenso político también es impulsado como resultado de la Segunda Guerra y las que le han seguido en Corea, Vietnam, el Golfo Pérsico, Kosovo, y de manera muy particular e intensa, luego de los "catastróficos ataques terroristas" que ahora Bush utiliza como justificación para remover cualquier obstáculo formal a la consolidación del sector castrense como actor dominante en la dinámica política estadunidense. El imperio parece haber ingresado a la "etapa pretoriana" de su crisis hegemónica.

En segundo lugar, cabe tomar nota que lo curioso del razonamiento de Bush en la promoción del pretorianismo doméstico es que dicha promoción es realizada por el mismo mandatario, cuyo equipo de trabajo en el área de seguridad nacional, decidió prestar oídos sordos a lo que ahora, a raíz de recientes investigaciones legislativas, aparece como un impresionante cúmulo de advertencias previas al 11/09, hechas desde dentro y desde fuera de EU en torno a posibles ataques terroristas catastróficos en territorio estadounidense. A las urgentes llamadas de atención provenientes de Italia, Egipto y otros servicios de inteligencia del Oriente Medio se agregan los del M16, el servicio de inteligencia británico con relaciones muy estrechas con sus contrapartes estadounidenses, que desde el 1999 había prevenido a EU sobre planes terroristas de utilizar aviones civiles para "un ataque no convencional" semejante al que ocurrió el 11/09 (La Jornada, 10 de junio, p. 36).

La aparente ineficacia del aparato de seguridad para evitar o minimizar los atentados de septiembre, ocurre simultáneamente con la fuerte propensión de George W. Bush, el aparato bélico-industrial y fracciones importantes de la cúpula militar y de la Comunidad de Inteligencia -CIA, Agencia de Seguridad Nacional y FBI entre otras-, a recolectar el "maná político y presupuestal" derivado del "terrorismo catastrófico" que costó la vida a más de 3 mil civiles el pasado septiembre.