jueves, 31 de octubre de 2002

El FMI-Banco Mundial en México

John Saxe Fernández
La Jornada.
México 31 de octubre de 2002.

Pocos se sorprendieron y para muchos pasó desapercibido, quizás por ser algo rutinario, que el presidente Bush advirtiera que cualquier nación que no colaborara con EU en la guerra antiterrorista, o fuese sospechosa de albergar a terroristas, se le suspendería todo acceso a créditos por parte de las "instituciones multilaterales del ramo".

El sometimiento del BM-FMI a la Casa Blanca no es novedad. Quien revise la historia de Bretton Woods y la diplomacia económica desplegada por la presidencia imperial, pronto descubrirá que lejos de ser "instituciones internacionales o multilaterales" fueron concebidas y estructuradas en sus orígenes como importantes instrumentos de proyección de poder estatal, en función de los intereses de las grandes corporaciones estadunidenses -y de los otros polos capitalistas- en el Tercer Mundo.

El estudioso encontrará en el caso mexicano abundantes ejemplos de los préstamos diseñados para impulsar o abrirle espacios y negocios a las corporaciones multinacionales (CMN), así como de su uso político. La veda de créditos contra Salvador Allende, impuesta por Nixon-Kissinger como parte del programa de desestabilización político-económica, que finalmente desembocó en el sangriento golpe de Estado en 1973 o, por dar otro ejemplo más reciente, la advertencia de Clinton de supeditar los préstamos del BM o el visto bueno del FMI para abrir líneas de crédito de la banca comercial a la adhesión y eficiencia en la campaña antinarcóticos impulsada por Washington.

Pero hay más. Además de ser parte y parcela de la pax americana, el tipo de operaciones que desarrollan el FMI-BM como instrumentos de Estado y de clase, mediante la fuerza que emana de su "condicionalidad cruzada", es decir, la del FMI en materia macroeconómica y la del BM en ramas específicas de nuestra economía, permite que dichas instituciones se comporten en los países donde operan como si fueran un partido político con fondos ilimitados. Esto se desprende del uso de los préstamos para incidir en la dinámica interna, apoyando a diversas fracciones dentro o fuera del gobierno o de las paraestatales, cuyo colaboracionismo les resulta esencial. Los préstamos se usan para incidir en el diseño presupuestal, fortalecer a los grupos inclinados a la "constitucionalización del neoliberalismo" y para consumar la privatización y extranjerización del sector estratégico -ferrocarriles, gas natural, telecomunicaciones, petroquímica, electricidad, agua, etcétera- o para el "manejo" político encaminado al desmantelamiento de todo subsidio al campo, incluyendo los mecanismos de control de precios de los granos (Conasupo) y de los precios de garantía. En su calidad de "partido político", el BM despliega amplias campañas dirigidas a impactar a la opinión pública nacional. No son infrecuentes los engaños, subterfugios semánticos y las manipulaciones.

El pasado 19 de octubre los voceros del BM lamentaban que las cifras de pobreza en México fueran "inaceptablemente altas" y que en la base estuviera "el estancamiento de la economía", observado durante los primeros dos años del gobierno de Fox. Lo que no se explicitó fue el papel del BM y del FMI en la aplicación de políticas contraccionistas (reducciones de la masa monetaria, recortes presupuestales), innecesarias si la economía nacional e internacional estuviesen funcionando de manera adecuada, inadmisibles en un contexto recesivo con riesgos deflacionarios. El "férreo control del gasto público" impuesto por el FMI-BM y las principales corredurías de Wall Street, así como el desmantelamiento creciente de la inversión pública en el sector productivo y su brutal desvío al gasto no productivo (servicio de la deuda, rescates, Fobaproa-IPAB) son el eje desde el que se induce el remate de los activos nacionales. No es un problema aritmético, como dice Fox, sino esencialmente político y de "diseño presupuestal". Se privilegia a los acreedores y especuladores y se sacrifica al país y su patrimonio.

En cuanto a educación superior, el criterio del BM es que la universidad "...es un bien privado, no público", por lo que recomienda inducir la privatización de sus funciones por la vía de restringir sus presupuestos.

En materia de agua, hace poco se anunció un cañonazo del BM de 250 millones de dólares encaminado a la privatización -y control extranjero- de las operaciones hidráulicas bajo el principio de que el agua "...es una necesidad humana, no un derecho humano". Téngase presente que una necesidad puede ser satisfecha de diversas maneras, especialmente en favor de quienes pueden pagar por ella, en tanto que un "derecho humano" es algo de difícil comercialización.
Como lo recuerdan Maude Barlow y y Tony Clarke, autores de Blue Gold (Stoddart Publising, Canadá, 2002) -libro que ayuda a esclarecer el programa de préstamos para el agua del BM en México-, en el Foro Mundial sobre el Agua, celebrado en La Haya en marzo de 2000, se definió el vital líquido como una "mercancía", postura que forma parte central del gran negocio que actualmente está impulsando el BM en varios continentes y ahora del Bravo a la Patagonia en favor de las CMN.

Barlow y Clarke indican que entre esos entes están las empresas francesas Vivendi y Suez -conocidas como la General Motors o la Ford de la industria del agua-, así como Bouygues-SAUR, RWE-Thames Water, Bechtel-United Utilities, Enron-Azurix y American Water Works Company, entre otras.

La acción del BM como inductor de la privatización gasera, eléctrica, ferroviaria y petrolera en México genera sinergias en función de los intereses, cambios y fusiones que se observan en los conglomerados monopólicos, cuyos componentes industriales van desde el control de la electricidad y el gas, a la industria de la construcción y los servicios vinculados con el agua. Enron y otras CMN interesadas en nuestro gas, petróleo, electricidad y agua cuentan con el control de activos acuíferos en México, Brasil e Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Su actividad se centra en ciudades de más de 50 mil habitantes y la presa mayor es, desde luego, el Distrito Federal.

jueves, 17 de octubre de 2002

EU: autodefensa anticipatoria

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 17 de octubre de 2002.

El pasado 20 de septiembre se dio a conocer un documento detallando la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos (EU). Ese mismo día, en el curso de una mesa redonda dedicada al análisis del mundo después del 11/9, convocada por La Jornada y Casa Lamm, enfaticé la necesidad de analizar la doctrina estratégica contenida en ese documento, en la que se escuda la retórica del regime change que ahora utiliza la Casa Blanca para promover y "justificar" su política de intervención y de ataque militar unilateral.

Se trata del principio, vago, arbitrario, subjetivo, de "autodefensa anticipatoria" (preventive war), aparentemente centrado, como lo ironizó hace pocas semanas Arthur Schlesinger, "en las capacidades telepáticas" de la presidencia imperial de EU para determinar lo que otra nación pueda hacer en el futuro -por ejemplo, que Irak utilizara en su contra armas de destrucción masiva- y así atacar de manera "preventiva".

Bush nos está regresando a los tiempos del sacro imperio romano, cuando prevalecía la autoridad papal en las relaciones internacionales, basada, presumiblemente, en las directrices de la divinidad. Es un "principio de legitimación imperial" que ya el sistema internacional de los estados-nación, que se consolidaban al finalizar la primera mitad del siglo XVII, le había negado al Papa.

La "autodefensa anticipatoria" conlleva una modificación nodal al tipo de sistema mundial que se sentó desde 1648 con la Paz de Westfalia, basado en el principio de soberanía absoluta de los estados, su igualdad jurídica y la no intervención. Esto es lo que se gesta después del gran conflicto multidimensional de los Habsburgo austriacos y españoles contra las sucesivas coaliciones de estados enemigos desde 1618 hasta la Paz de Westfalia, periodo conocido como la Guerra de los Treinta Años. También en 1648 se concluyó la Guerra de los Ochenta Años entre los holandeses y españoles. En ese año los líderes de los principales poderes europeos firmaron tres tratados en las ciudades westfalianas de Muster y Osnabruch. La Paz de Westfalia es considerada uno de los fundamentos del sistema internacional contemporáneo.

Uno de los efectos de esos tratados fue negar legitimidad a las vagas pretensiones de mandato imperial por parte del papado. El imperio austriaco, sucesor del sacro imperio romano, como resultado de varias innovaciones de los protocolos diplomáticos, ya no era un primus inter pares -como pretende hoy la Casa Blanca-, sino simplemente una gran potencia en pie de igualdad con Francia, Inglaterra y España. La independencia de estados más débiles y pequeños fue sancionada de igual manera, como en el caso de las provincias unidas de los Países Bajos, resultado de un acuerdo de respeto a la libertad religiosa entre mandatarios protestantes y católicos. La esencia de la Paz de Westfalia fue el reconocimiento del equilibrio religioso y político dentro del sacro imperio romano, confirmándose las limitaciones de la autoridad imperial y la centralidad de la soberanía y la igualdad jurídica de los estados -principios no siempre respetados-, que han sido el cimiento de la paz precaria que vivimos.

Aunque las intervenciones ilegales de EU contra otras naciones han sido frecuentes, siempre buscó algún tipo de justificación legal. Ahora desecha de manera explícita los principios de la soberanía y la no-intervención, fundamento constitucional, recuérdelo Tlatelolco, de la política exterior mexicana.

La "autodefensa anticipatoria" pone en entredicho el consenso alcanzado a lo largo de más de 250 años, la centralidad de la soberanía nacional, como fundamento del derecho. La "autodefensa anticipatoria" acarrea enormes riesgos, precisamente en un mundo donde prolifera el armamento de destrucción masiva, sea nuclear, biológico o químico. Como ya son poco más de 20 estados los que cuentan con uno u otro tipo de estas armas, entonces, ¿por qué Irak?
Si bien son varias las excusas planteadas por Bush para atacar ahí, el meollo del asunto se centra, entre otros objetivos, en el control de los poco más de 79 mil millones de barriles de sus yacimientos de crudo, el desmantelamiento de la OPEP, una reconfiguración del mundo árabe y un "remapeo" de la principal cuenca petrolera del mundo. Como el petróleo no es Dios, entonces queda claro que hemos ingresado al mundo de la arbitrariedad, la subjetividad y del más peligroso aventurerismo estratégico centrado en grandes intereses empresariales, que mañana se le puede contagiar a India, Paquistán, Rusia, China, Inglaterra, Africa del Sur y a otros estados nucleares. Más grave aún, la "nueva doctrina" agrega una amenazadora incertidumbre a los sistemas de disuasión nuclear al quebrantar los frágiles instrumentos e instituciones del derecho internacional (Naciones Unidas) e inyectar la anarquía a las relaciones internacionales y estratégicas. Esto ocurre en un contexto en el que están desplegados, a lo largo y ancho del planeta, sistemas balísticos intercontinentales en aire, tierra y mar, en estado de alerta.

Finalmente, cabe recordar que la Carta de Naciones Unidas es uno de los principales acuerdos vigentes de derecho internacional en el que explícitamente se establece la ilegalidad de la amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Además, como lo mencionó hace poco William Pfaff, de Los Angeles Times, todo acto de guerra de "autodefensa anticipatoria... fue tratado específicamente como un crimen de guerra en los juicios de Nuremberg".

jueves, 3 de octubre de 2002

EU: la guerra por el petróleo

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 3 de octubre de 2002.

La política de fuerza contra Irak impulsada por el principal consumidor de combustibles fósiles del planeta y sus empresas, está encaminada al apoderamiento de los vastos yacimientos de crudo de esa nación y conlleva impactos internos y externos de gran magnitud. Conviene tener presente que la amenaza de utilizar instrumentos militares para que las petroleras estadunidenses asuman el control in situ de los yacimientos de Medio Oriente no es nueva, pero se ha intensificado desde el embargo petrolero aplicado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) contra Estados Unidos (EU) en 1973, mismo que puso al descubierto la vulnerabilidad esencial de la potencia norteña, derivada del abrupto agotamiento de sus reservas petroleras convencionales y de la correspondiente dependencia de fuentes externas para mantener su economía civil y militar en funcionamiento. La dependencia se acentuó como resultado de la resistencia al ahorro energético y al desarrollo de fuentes alternas de energía por parte de los principales grupos de interés centrados en la industria del gas y del petróleo, así como de la automotriz, mismos que ahora hegemonizan de manera directa y explícita los instrumentos de Estado bajo la presidencia de Bush.

Al complejo escenario es necesario agregar la existencia de crecientes indicios de un probable agotamiento del petróleo convencional de los principales campos petroleros del mundo, que varios estudios indican podría empezar a registrarse en la primera década de este nuevo siglo.
Los problemas y dilemas que se presentan son de orden mayor, tanto desde la perspectiva de la ecuación política internacional y doméstica como de los aspectos geofísicos y técnico-militares presentes. Son riesgos para la paz internacional que no impresionan a los encargados del diseño de la política de fuerza que aplica Washington. Se trata de un grupo (o "junta", como los calificó recientemente Gore Vidal) que opera desde la Casa Blanca y el Defense Policy Board del Pentágono: un puñado de halcones extremistas liderados por personajes como el secretario y el subsecretario de Defensa, Donald Rumsfeld y Paul Wolfowitz, respectivamente -este último conocido en los medios europeos como el velociraptor-, así como por conspicuos representantes del sector petrolero, liderados por Bush y Cheney.

Desde hace más de un año, varios miembros de esta camarilla, incluyendo a James Woolsey, ex director de la CIA, han venido impulsando, mediante documentos internos, artículos periodísticos y programas televisivos la ampliación de las operaciones militares en Afganistán hacia Irak. Esta línea de acción, auspiciada por la "junta", privilegia los intereses cortoplacistas del alto empresariado de la industria del gas y del petróleo, incluyendo grandes empresas contratistas, Haliburton y Bechtel, entre ellas. Sus miras están centradas en el establecimiento de un nuevo régimen iraquí que les facilite el control y usufructo de los pozos petroleros actualmente en operación, con capacidad de producir 3 millones de barriles diarios y de otros campos petroleros ya identificados en Irak, que pueden generar, en un plazo relativamente corto, 5 millones de barriles adicionales. Este es el fundamento de la insistencia de la Casa Blanca, no tanto en el "desarme" de Irak, como en el regime change, término con el que se encubre una política abiertamente intervencionista que conlleva capacidades para el desmantelamiento o control estadunidense de la OPEP, de Arabia Saudita y la ambicionada dominación regional. Esta postura desproporcionada, centrada en intereses cortoplacistas, no sólo deja a un lado los factores políticos, económicos, sociales, legales y morales, sino también otros de corte militar.

Según los análisis de los estrategas del Departamento de Defensa, el "éxito" de tal operación sólo se lograría: a) tomando intactas las instalaciones petroleras requeridas; b) asegurando su control por semanas, meses o años; c) restaurando lo más rápidamente posible las instalaciones destruidas; d) operando las instalaciones a pesar de que no cuenten con el consentimiento de sus dueños legítimos, y e) garantizando las líneas marítimas y terrestres de suministros petroleros.
La "junta" tendría que desplegar decenas de miles de soldados y técnicos para mantener el control de los campos petroleros que se extienden en regiones de miles de kilómetros cuadrados, y cada uno de ellos, incluyendo un conjunto impresionante de instalaciones y unidades: pozos, estaciones de separación del gas y petróleo, plantas estabilizadoras, plantas de inyección de gas y agua, oleoductos, estaciones de bombeo, tanques, refinerías, plantas de generación e instalaciones portuarias. Se trata de complejos interdependientes en los que cualquier unidad con problemas puede afectar la operación total; consecuentemente son altamente vulnerables al sabotaje. Finalmente, los problemas y retos a la capacidad militar que se plantea por medio de esta operación son inmensos. Sola Arabia Saudita tiene más de 800 pozos conectados por más de 4 mil 800 kilómetros de oleoductos. El perímetro alrededor de sus cinco pozos principales comprende un área de 16 mil kilómetros cuadrados, es decir, un área dos veces la superficie de Connecticut.

Quienes dentro del Pentágono llaman a la cordura fundamentan su caso desde un análisis de la movilización cotidiana de fuerzas estadunidenses en el mundo para concluir que una intervención militar en el Medio Oriente, como la que contemplan Bush y la industria del gas y del petróleo, supondría enormes costos y una verdadera globalización de las vulnerabilidades de EU, ya que tanto desde el punto de vista político como militar, las unidades militares que conforman el comando europeo, incluida la sexta flota, quedarían atadas. Lo mismo ocurre con la mayoría de las unidades desplazadas en Alaska, Asia, las Américas y el Pacífico. Un estudio realizado con anterioridad advertía que "... las capacidades de defensa y de disuasión quedarían desvirtuadas a un grado impredecible si dichas fuerzas fueran movilizadas al Golfo Pérsico por periodos prolongados".