La Jornada.
México 31 de octubre de 2002.
Pocos se sorprendieron y para muchos pasó desapercibido, quizás por ser algo rutinario, que el presidente Bush advirtiera que cualquier nación que no colaborara con EU en la guerra antiterrorista, o fuese sospechosa de albergar a terroristas, se le suspendería todo acceso a créditos por parte de las "instituciones multilaterales del ramo".
El sometimiento del BM-FMI a la Casa Blanca no es novedad. Quien revise la historia de Bretton Woods y la diplomacia económica desplegada por la presidencia imperial, pronto descubrirá que lejos de ser "instituciones internacionales o multilaterales" fueron concebidas y estructuradas en sus orígenes como importantes instrumentos de proyección de poder estatal, en función de los intereses de las grandes corporaciones estadunidenses -y de los otros polos capitalistas- en el Tercer Mundo.
El estudioso encontrará en el caso mexicano abundantes ejemplos de los préstamos diseñados para impulsar o abrirle espacios y negocios a las corporaciones multinacionales (CMN), así como de su uso político. La veda de créditos contra Salvador Allende, impuesta por Nixon-Kissinger como parte del programa de desestabilización político-económica, que finalmente desembocó en el sangriento golpe de Estado en 1973 o, por dar otro ejemplo más reciente, la advertencia de Clinton de supeditar los préstamos del BM o el visto bueno del FMI para abrir líneas de crédito de la banca comercial a la adhesión y eficiencia en la campaña antinarcóticos impulsada por Washington.
Pero hay más. Además de ser parte y parcela de la pax americana, el tipo de operaciones que desarrollan el FMI-BM como instrumentos de Estado y de clase, mediante la fuerza que emana de su "condicionalidad cruzada", es decir, la del FMI en materia macroeconómica y la del BM en ramas específicas de nuestra economía, permite que dichas instituciones se comporten en los países donde operan como si fueran un partido político con fondos ilimitados. Esto se desprende del uso de los préstamos para incidir en la dinámica interna, apoyando a diversas fracciones dentro o fuera del gobierno o de las paraestatales, cuyo colaboracionismo les resulta esencial. Los préstamos se usan para incidir en el diseño presupuestal, fortalecer a los grupos inclinados a la "constitucionalización del neoliberalismo" y para consumar la privatización y extranjerización del sector estratégico -ferrocarriles, gas natural, telecomunicaciones, petroquímica, electricidad, agua, etcétera- o para el "manejo" político encaminado al desmantelamiento de todo subsidio al campo, incluyendo los mecanismos de control de precios de los granos (Conasupo) y de los precios de garantía. En su calidad de "partido político", el BM despliega amplias campañas dirigidas a impactar a la opinión pública nacional. No son infrecuentes los engaños, subterfugios semánticos y las manipulaciones.
El pasado 19 de octubre los voceros del BM lamentaban que las cifras de pobreza en México fueran "inaceptablemente altas" y que en la base estuviera "el estancamiento de la economía", observado durante los primeros dos años del gobierno de Fox. Lo que no se explicitó fue el papel del BM y del FMI en la aplicación de políticas contraccionistas (reducciones de la masa monetaria, recortes presupuestales), innecesarias si la economía nacional e internacional estuviesen funcionando de manera adecuada, inadmisibles en un contexto recesivo con riesgos deflacionarios. El "férreo control del gasto público" impuesto por el FMI-BM y las principales corredurías de Wall Street, así como el desmantelamiento creciente de la inversión pública en el sector productivo y su brutal desvío al gasto no productivo (servicio de la deuda, rescates, Fobaproa-IPAB) son el eje desde el que se induce el remate de los activos nacionales. No es un problema aritmético, como dice Fox, sino esencialmente político y de "diseño presupuestal". Se privilegia a los acreedores y especuladores y se sacrifica al país y su patrimonio.
En cuanto a educación superior, el criterio del BM es que la universidad "...es un bien privado, no público", por lo que recomienda inducir la privatización de sus funciones por la vía de restringir sus presupuestos.
En materia de agua, hace poco se anunció un cañonazo del BM de 250 millones de dólares encaminado a la privatización -y control extranjero- de las operaciones hidráulicas bajo el principio de que el agua "...es una necesidad humana, no un derecho humano". Téngase presente que una necesidad puede ser satisfecha de diversas maneras, especialmente en favor de quienes pueden pagar por ella, en tanto que un "derecho humano" es algo de difícil comercialización.
Como lo recuerdan Maude Barlow y y Tony Clarke, autores de Blue Gold (Stoddart Publising, Canadá, 2002) -libro que ayuda a esclarecer el programa de préstamos para el agua del BM en México-, en el Foro Mundial sobre el Agua, celebrado en La Haya en marzo de 2000, se definió el vital líquido como una "mercancía", postura que forma parte central del gran negocio que actualmente está impulsando el BM en varios continentes y ahora del Bravo a la Patagonia en favor de las CMN.
Barlow y Clarke indican que entre esos entes están las empresas francesas Vivendi y Suez -conocidas como la General Motors o la Ford de la industria del agua-, así como Bouygues-SAUR, RWE-Thames Water, Bechtel-United Utilities, Enron-Azurix y American Water Works Company, entre otras.
La acción del BM como inductor de la privatización gasera, eléctrica, ferroviaria y petrolera en México genera sinergias en función de los intereses, cambios y fusiones que se observan en los conglomerados monopólicos, cuyos componentes industriales van desde el control de la electricidad y el gas, a la industria de la construcción y los servicios vinculados con el agua. Enron y otras CMN interesadas en nuestro gas, petróleo, electricidad y agua cuentan con el control de activos acuíferos en México, Brasil e Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Su actividad se centra en ciudades de más de 50 mil habitantes y la presa mayor es, desde luego, el Distrito Federal.
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