jueves, 28 de noviembre de 2002

Garza y la agenda de Bush en México

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 28 de noviembre de 2002.

Anthony Garza, el nuevo embajador de Estados Unidos en México, inicia su gestión bajo el impulso directo del secretario de Estado, Colin Powell, y del controvertido John Ashcroft, el fiscal general encomendado de montar el mayor asalto contra los derechos civiles y constitucionales registrado en la historia de la nación norteña, quienes encabezaron aquí una delegación integrada por legisladores y otros miembros del gabinete de Bush durante las reuniones de la Comisión Binacional, que acaban de concluir.

A su llegada a territorio nacional, Garza informó a la prensa que días antes, durante la ceremonia de juramentación al cargo, el presidente Bush le expresó de manera inequívoca: "...de nueva cuenta para nosotros no hay una relación más importante", declaración cuyo significado concreto fue rápidamente dilucidado, de manera didáctica, por JB Penn, subsecretario de Agricultura.
Según Andrew Watson, de The News, Penn advirtió de manera solapada al gobierno de Fox sobre "...todas las posibles consecuencias que podrían derivarse si el gobierno mexicano decidiera otorgar protección a los agricultores, cuando desaparezcan casi todas las fracciones arancelarias el año entrante. Aunque no hizo una amenaza específica (Penn) dijo que el apoyo al libre comercio se vería afectado por ese tipo de medidas". Penn envió al baúl de los olvidos las frecuentes infracciones al TLC por parte de Estados Unidos, incluyendo medidas proteccionistas contra importantes exportaciones mexicanas, así como manejos arbitrarios, por ejemplo, en torno a restringir el ingreso de nuestra flota de camiones a sus carreteras. El funcionario rechazó tajante cualquier insinuación de que la nueva ley agrícola de ese país (US farm bill), promulgada en mayo y que incrementó los apoyos a ese sector en 190 mil millones de dólares durante los próximos 10 años, fuera a afectar a nuestros agricultores. Y como la agricultura de ese país ya es de por sí una de las que reciben los mayores apoyos y protección en el mundo, Penn, como quien trata de presentar una excusa, primero hizo referencia a los sustanciales subsidios y protecciones que caracterizan a la política agraria de Europa y Japón, para rematar reconociendo que Washington efectivamente hace lo que le da la gana con el TLC y afirmar que su país está listo para abandonar los subsidios "...cuando los otros renuncien a los suyos".

Según Garza, la agenda, que sería tratada a partir de la visita de Powell et. al, considera como aspectos prioritarios: "...el comercio, el medio ambiente, la lucha contra el crimen, la seguridad y la migración". Aunque al menos durante su primera conferencia de prensa en el aeropuerto no mencionó ni discutió temas nodales de esa agenda en torno al sector agrícola y energético, ni aludió a la forma en que la Casa Blanca intenta vincular la política fronteriza con la "guerra contra el terrorismo" -asunto que presumiblemente sería tratado por Ashcroft con Creel-, lo cierto es que el currículum del embajador indica, de manera elocuente, que Bush espera una actuación sobre cuestiones sumamente delicadas, ya que toca aspectos vinculados con la privatización y extranjerización del complejo teproeléctrico (Pemex-CFE-CLFC) y con la jurisdiccionalidad territorial de la Federación mexicana.

Sólo el tiempo nos permitirá conocer en concreto las capacidades de Garza y del equipo de analistas y operadores de inteligencia que le acompañan. Su experiencia en el sector del petróleo y de la energía no es despreciable, aunque es curioso que el público mexicano fuera informado de ella de manera elíptica, por medio de una especie de lenguaje cifrado para diplomáticos, geólogos y especialistas en la materia.

En efecto, la prensa dio a conocer que hasta antes de asumir su nuevo cargo, Garza fungió como integrante nada menos que de la Comisión de Ferrocarriles de Texas (CFT), lo que equivale a un puesto en uno de los principales directorios encomendados de la política petrolera de Texas y Estados Unidos. La importancia de la CFT tiene que ver con petróleo y electricidad, no con los ferrocarriles. Aunque conservó su nombre original, desde hace años, y como producto de las excentricidades del aparato legal de Texas, la CFT está encargada del manejo de la industria petrolera y, por lo tanto, de regular y ajustar su producción con la demanda. Es un cártel público que opera bajo la égida de los barones del petróleo, como recuerdan Richard O'Connor en The Oil Barons (Little and Brown, Boston, 1971), y más recientemente Kenneth Deffeyes (Hubbert's Peak, Princeton, 2001).

Dado el dominio de la producción petrolera de Texas en el mercado de EU, la CFT ha actuado en forma tal que logró regular el resto de la industria petrolera del país permitiéndole incidir de manera efectiva en los precios, tal como hoy lo hace el cártel de exportadores de petróleo en relación con los precios internacionales del crudo. "La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) -escribe Deffeyes- se estableció bajo el mismo modelo de la CFT. Sólo sustitúyase Arabia Saudita por Texas". Una vez descifrado el código, entonces es más fácil percibir el papel, las funciones y los servicios que Bush y la industria del gas y del petróleo de EU esperan del embajador Garza.

El uso patrimonialista de los recursos públicos no es algo nuevo en la experiencia de EU. Cualquier análisis que se haga pronto corroborará la aseveración de varios estudiosos, Walter La Feber y James Petras entre ellos, del contenido imperialista de la política exterior, fuertemente influida a lo largo de los siglos XIX y XX por los intereses cortoplacistas del alto empresariado. Y desde que el petróleo se posicionó como la mercancía de mayor importancia económica y estratégica del mercado mundial, la influencia de esa industria sobre el aparato de Estado ha sido notable. Pero nunca de manera tan evidente como hoy.

jueves, 14 de noviembre de 2002

EU-Irak: guerra y recursos naturales

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 14 de noviembre de 2002.

La geopolitización de las relaciones económicas internacionales que se observa desde hace varias décadas en el área de los recursos naturales estratégicos (petróleo y minerales principalmente, aunque ahora la lista incluye el agua y la biodiversidad) se acentuó de manera pronunciada con el arribo a la Casa Blanca de una ultraderecha unilateralista, cuyo precario apoyo público, resultado de las irregularidades observadas en los pasados comicios presidenciales, se fortaleció después de los atentados del 11/9.

Sin duda, el efecto 11/9, o sea, el voto del miedo, junto con las torpezas y tibiezas del liderato demócrata, jugaron un importante papel en el triunfo republicano en las recientes elecciones de medio periodo, que le otorgaron a Bush, con 60 por ciento de abstencionismo, el control de ambas cámaras en el Congreso. A pesar de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó una resolución que obliga a Irak a permitir la vuelta de inspectores de desarme, resultado de una negociación de Estados Unidos con otras naciones, Francia y Rusia entre ellas, la decisión de atacar y ocupar Irak ya fue tomada, dejando claro que la adherencia del gobierno estadunidense a los principios de comportamiento de una instancia multilateral como el Consejo de Seguridad es tenue y temporal y está supeditada a lo que el ocupante de la Casa Blanca concibe como "interés vital" en Irak y Medio Oriente, una definición fuertemente impactada por los intereses de la poderosa industria del gas y del petróleo de la nación norteña. Pero persisten factores en la ecuación regional que, hasta el momento, inhiben las operaciones militares.

La brutal política desplegada por el primer ministro israelí Ariel Sharon contra Palestina, fuente de un sangriento encadenamiento de acciones y reacciones es uno de los escollos que enfrenta Bush para "alinear" a las cúpulas gubernamentales árabes en un escenario bélico. Para Bush es un callejón sin salida con altos costos que espera controlar por medio de un escenario post Sharon, después de las elecciones del 28 de enero que se vio forzado a convocar, resultado de la reciente crisis política israelí. Pero aun así, el profundo y extenso involucramiento militar de Israel en los planes de guerra de Bush en la región tenderá a dificultar el apoyo árabe.

Existe un número considerable de unidades militares estadunidenses, de aire, tierra y mar, que se adiestran con la participación del ejército israelí y que realizan ejercicios intimidatorios. Son operativos que contemplan el uso de armamento de alta tecnología.

Hasta el momento la ONU no se ha dignado indagar y, mucho menos, a actuar sobre las armas de destrucción masiva de Israel, mientras su contrastante postura en relación con Irak indica que la resolución del Consejo de Seguridad será usada bajo la interpretación bushiana, es decir, como mampara propagandística en el ejercicio de la unilateralidad bélica. La situación es, desde luego, mucho más compleja, ya que el esquema estadunidense conlleva un dominio geopolítico y geoeconómico de la principal cuenca petrolera. Con un Estado hegemonizado como nunca antes por los grandes intereses petroleros, la "conciencia geográfica" de la Casa Blanca está impregnada de codicia. La riqueza petrolera de Irak, como la de Arabia Saudita, y en general las del Golfo, están en la mira por ser la única región del mundo, como reconocen los especialistas en geología petrolera, con "capacidad productora superavitaria", es decir, que cuentan con grandes magnitudes de reservas probadas de petróleo convencional que les permite aumentar, en poco tiempo, la producción petrolera en varios millones de barriles diarios. Así, la amenaza a Irak lo es también para la Organización de Países Exportadores de Petróleo en general y para Arabia Saudita en particular.

El ministro de Asuntos Exteriores saudita afirmó recientemente que "...nosotros acataremos la decisión del Consejo de Seguridad y de la ONU y cooperaremos con él, pero en cuanto a entrar en el conflicto o usar instalaciones, eso es otra cosa". Los ministros de relaciones exteriores de los 22 países de la Liga Arabe, al tiempo que apoyaron la resolución de la ONU, destacaron su rechazo "terminante" a cualquier atraque contra Irak, "ya que supondría una amenaza para la seguridad nacional de todos los países árabes". Pero, como casi simultáneamente lo informó la consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, los unilateralistas en el poder ya decidieron intervenir militarmente para efectuar un "cambio de régimen" en Irak, en flagrante violación del artículo 2 de la Carta de la ONU, contemplando incluso un incremento de 50 mil a 250 mil soldados en escenarios que incluyen ataques aéreos selectivos y la ocupación, para el establecimiento de un protectorado militar semejante al establecido por Estados Unidos en Japón después de la Segunda Guerra Mundial.

Según informan los analistas financieros y del mundo de los negocios de varios programas televisivos estadunidenses, las principales empresas petroleras y constructoras ya anticipan el regime change y están disputándose el botín petrolero, ya sea por medio de un protectorado militar directo o por medio de un régimen títere o una combinación de ambos.

Desde la década de 1970 el acceso y control militar del Medio Oriente, es decir, la geopolitización del petróleo, se acentuó. Como lo reseña Richard Barnet en su sustancioso trabajo The Lean Years (Simon & Schuster, New York, 1980) ya en 1974 el secretario de Defensa James R. Schlesinger insinuaba que "la opinión pública" bien puede forzar al gobierno a tomar los pozos petroleros requeridos del Medio Oriente, una amenaza reiterada poco después por Henry Kissinger desde la revista empresarial Business Week. En todo caso, ya desde entonces se perfilaba la esquizofrenia de la cúpula gubernamental estadunidense entre el "libre comercio" y la "geopolitización" de las relaciones económicas internacionales. Como sintetiza el asunto Barnet: "...por una generación o más, Estados Unidos ha operado bajo el supuesto fundamental de que el control militar y político sobre las naciones de ultramar es esencial para lograr el acceso a los minerales, a precios favorables. A pesar de su ideología capitalista oficial, los administradores de la seguridad nacional han desconfiado profundamente de la capacidad del libre mercado para garantizar los recursos que necesitan o que piensan que necesitan" (p. 226).