jueves, 23 de enero de 2003

EU: regime change y guerra

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 23 de enero de 2003.

Ahogados por el creciente murmullo de los tambores de guerra y la gran alharaca bélica que diariamente transmiten los medios de comunicación desde el Pentágono, la Casa Blanca, y algunas veces el Congreso de EU, se han esfumado de la atención pública, para gran alivio de Bush, los temas álgidos que se derivan de los acontecimientos que desembocaron en el 11/9.
Entre los aspectos que más han llamado la atención en torno al encadenamiento de eventos que culminaron en los ataques contra miles de civiles indefensos en las Torres Gemelas y el Pentágono, están, por una parte, el deterioro sistemático de los mecanismos de detección y prevención de ataques terroristas que se observó desde el ingreso del nuevo gobierno y que se mantuvo hasta el 11 de septiembre, y por la otra, el amplio conocimiento de Bush y su equipo sobre los escenarios posibles, incluyendo el uso de aviones de pasajeros como armas de guerra. No sabemos si fue coincidencia, pero, según informes recabados por varias firmas de Wall Street, la semana previa al ataque se observó un anómalo desplome en los precios de las acciones de corredurías domiciliadas en las Torres, compañías de seguros y de las empresas de aviación -excepto KLM-, directamente afectadas por esos eventos.

La Agencia de Seguridad Nacional, que rutinariamente hace el seguimiento de cualquier irregularidad de estos flujos y manipulaciones bursátiles, hasta el momento no ha sido investigada ni cuestionada por algún grupo investigador independiente mientras los ataques selectivos con ántrax han quedado en el olvido, a pesar de su extraordinaria importancia para esclarecer las fuentes de los ataques. Aunque de manera explícita Bush, Cheney, Rumsfeld, Ashcroft y Condoleeza Rice han expresado que jamás habían contemplado o siquiera "visualizado" situaciones de esta naturaleza, varios documentos de los organismos de seguridad habían informado a la Casa Blanca, desde el 6 de agosto, sobre escenarios semejantes a los ocurridos en septiembre.

De esto se desprenden, al menos, dos grandes hipótesis: la primera, con implicaciones graves y alarmantes, y la segunda, política y constitucionalmente devastadora para el gobierno de Bush: una abúlica incapacidad de los organismos de inteligencia y seguridad a su mando para actuar y evitar la catástrofe, o bien la adopción de una postura pasiva encaminada a mantener diversas ventanas de oportunidad para el desencadenamiento de los eventos, sin que el gobierno estuviera directamente involucrado, sino por medio de un meticuloso seguimiento de la actuación de las células terroristas, monitoreadas en todos sus movimientos por el sector de operaciones clandestinas. Aunque esta vertiente requiere mayor sustentación documental y testimonial, sea una hipótesis o la otra, el uso político-constitucional y de seguridad nacional e internacional, así como bélico-industrial que se ha dado a esos acontecimientos, apunta a que se ha efectuado una suerte de regime change en EU con graves efectos domésticos y estratégicos.

Bajo Bush, Washington se convierte en la principal amenaza a la seguridad estratégica y política del orbe, ya que se comporta de manera unilateral y unidimensional, ahora a punto de lanzar un vasto ataque a Irak, a pesar de las crecientes divergencias con algunos de sus aliados, militarizando y geopolitizando las relaciones económicas y políticas internacionales, negándose a suscribir el protocolo contra armas biológicas y químicas y rechazando otros, como el de Kyoto. Al renunciar a tratados de limitación de armas estratégicas se abren las puertas a otra carrera armamentista e incluso al uso de dicho tipo de armamento en el inicio de una guerra, con o sin advertencia previa, según un documento secreto filtrado a la prensa.

Pero si Bush ha gestado el mayor rechazo global a Washington registrado en los pasados 50 años como indican las masivas protestas contra la guerra, la sociedad estadunidense se encuentra también dividida respecto a los precipitados preparativos de guerra. En ese contexto la Casa Blanca está consciente de que se incrementarían los costos domésticos de cualquier investigación independiente sobre el comportamiento, las decisiones y los documentos de su gobierno vinculados con el 11/9 y del tejido que le rodea de operaciones clandestinas, el terrorismo, la seguridad interior e internacional.

La propuesta de que Kissinger presidiera una comisión independiente sobre los atentados -que el ex secretario de Estado finalmente declinó- indica la intención de dominar las indagaciones, por medio de personajes con larga trayectoria, compromiso y afinidad política, y con en el aparato de operaciones clandestinas. Pero la veda de Bush va más allá, hasta lo insostenible. Según datos recabados por Adam Tanner de Reuters, Stephen Push, un viudo cuya esposa pereció en el avión que se estrelló contra el Pentágono, condenó públicamente al gobierno de Bush por esconder información durante el juicio que se realiza en Alemania contra Mounir El Motassadeq, involucrado en el 11-9.

La excitabilidad de la Casa Blanca se entiende mejor si se tiene presente que Push es cofundador del grupo Familias del 11-9, que representa a mil 300 sobrevivientes de las víctimas que naturalmente quieren saber por qué sucedió esa tragedia y no se evitó. Push está personalmente "...preocupado por la manera tan vigorosa con que el gobierno de Bush nos está atacando: primero para evitar que se ponga en marcha cualquier investigación independiente, y luego, cuando finalmente aceptaron una investigación independiente, (me preocupa) su lucha (de Bush) por lograr el control de la investigación (... ) Hemos tenido grandes dificultades para obtener información sobre el 11-9 del gobierno de EU. Me pregunto, ¿qué tienen que esconder?"

jueves, 9 de enero de 2003

Las mañosadas de la Secretaría de Energía

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 9 de enero de 2003.

Del flamante, no menos que mendaz, esquema propagandístico impulsado desde la Secretaría de Energía, encaminado a convencer a la opinión pública de que "apoye la reforma eléctrica" porque la electricidad y el petróleo "no se privatizan", mientras en los hechos se procede precisamente en esa dirección, se puede inferir que en 2003 se profundizará el asalto al patrimonio nacional, en este caso dirigido a la desarticulación y apoderamiento del complejo petroeléctrico y gasero del país. Esta ofensiva es una verdadera guerra de conquista, impulsada en México por Washington desde el BM-FMI, con la indispensable complicidad del gobierno "nacional", como resultado de la crisis de acumulación que afecta al capital de manera persistente desde inicios de la década de los 70.

Teniendo en mente el magno fracaso del programa privatizador en México, así como el gran desbarajuste y fraude generados por la desregulación del sector energético en otros países -notablemente en EU-, es realmente temerario el alineamiento de este gobierno con los intereses del empresariado extranjero, su aparato de seguridad y sus socios locales. Además de la desestabilización sociopolítica del sector agropecuario, el gobierno agrega nuevos riesgos e incertidumbres en un sector tan crucial para el funcionamiento de la economía como el sector energético, aunque su efecto combinado y acumulativo afecte y debilite la estructura productiva y la estabilidad sociopolítica de la nación.

El foxismo persiste en aplicar lineamientos que debilitan y atacan al aparato productivo nacional. Eso no importa. El botín petrolero-gasero y eléctrico ha sido codiciado durante décadas, y ahora las grandes empresas del ramo, mediante nuestros propios instrumentos del Estado, como Energía, cuyo presupuesto pagamos los contribuyentes, apuntalan su ofensiva antinacional con una vergonzosa campaña de desinformación, porque mientras al público por la vía de espots de radio y televisión se le dice una cosa, a los inversionistas de adentro y de afuera se les dan otros mensajes, por escrito, más directos y concretos.

Mañoso, el gobierno jura que ni la Comisión Federal de Electricidad ni Luz y Fuerza del Centro (CFE-LFC) se privatizan, mientras en el documento Prospectiva del sector eléctrico 2002-2011 el BM, por conducto de dicha secretaría, plantea un vasto y conciso calendario privatizador argumentando, además, que debido a la importancia que tendrá la inversión privada "nacional o extranjera" en la expansión de la industria eléctrica "... es necesario brindar certidumbre jurídica adecuada para atraer esos recursos al país".

Siguiendo el guión del BM, encaminado a desplomar la inversión pública en las áreas de interés para los inversionistas extranjeros, bajan el switch, por así decirlo, a los proyectos federales de generación eléctrica mientras Energía indica que intenta otorgar permisos para construir centrales de generación eléctrica por un total de 19 mil 703 megavatios. Energía esperaría que en poco tiempo la capacidad instalada del sector privado, "nacional y extranjero" duplicará la de la CFE y de LFC. Según el mencionado documento, de los 14 proyectos de generación en construcción sólo la planta del valle de México se construye con recursos públicos, mientras otros dos se realizan con préstamos y los restantes son privados. En 2003 el gobierno foxista intenta lanzar cuatro licitaciones de generación con préstamos privados, con el aval del BM y su Internacional Finance Corporation.

Como ocurre en el sector eléctrico, en materia petrolera la inconstitucionalidad es persistente mientras la brecha en la credibilidad del mensaje gubernamental de que Pemex no se privatiza es abismal. Su discurso es cínico, según se aprecia en el manejo que el foxismo hace de Pemex Exploración y Producción (PEP), por medio de los contratos de servicios múltiples (CSM) en favor de empresas petroleras grandes, pequeñas y medianas, algunas texanas directamente vinculadas con la presidencia y la vicepresidencia de EU. Entre las posibles favorecidas con la exploración y explotación del gas natural no asociado en la cuenca de Burgos se mencionan Exxon, Texaco, British Petroleum, Shell, Chevron. Aunque se supone que PEP es la entidad que está organizando reuniones en Houston para coordinar y calendarizar la acción privatizadora y extranjerizadora por medio de los controvertidos CSM, se indica que Hunt Oil y Haliburton -esta última hasta hace pocos años dirigida por Richard Cheney- son las entidades que realmente están a cargo de la coordinación, por ejemplo, de la conferencia internacional El sector del gas en México, que se llevaría a cabo a principios de febrero.

El interés estadunidense por controlar el gas natural mexicano tiene como uno de sus componentes no sólo el magnífico negocio que representa, sino el hecho de que, según informes técnicos del gobierno de ese país, "...durante la última década EU ha visto aumentar su dependencia de gas natural canadiense. Las importaciones de gas de Canadá se han triplicado mientras que el aumento de su consumo de gas natural se ha basado en el canadiense, no en nueva producción gasera estadunidense". Y según el Departamento de Energía, de los tres países que integran el TLCAN, México es el único cuyas reservas de gas natural "permanecen subexplotadas". Aquí están los mayores márgenes de ganancias y Fox parece decidido, por medio de los CSM y al margen de la Constitución, a abrir las puertas de este magnífico negocio a sus amigos.