La Jornada.
México 23 de junio de 2005.
Arrancó el "plan de juego" oficial favorito, esta vez en torno a los comicios de 2006: desactivar electoralmente cualquier propuesta alternativa al actual esquema de saqueo crónico del patrimonio nacional -fundamental aunque no exclusivamente el petro-eléctrico-, relacionando a la izquierda con "la violencia" y el "narcoterrorismo". Así ocurrió en el proceso político-electoral que llevó a Fox y a la derecha, al poder. El logro no fue menor: se mantuvo incólume el programa de depredación imperial-oligárquico bajo la máscara de una "alternancia política" que finalmente exhibió su verdadero rostro en el frustrado intento de desactivar políticamente a López Obrador. En esta ocasión el plan de juego se dirige a lo mismo: garantizar una victoria electoral, ahora en favor del aparato priísta, que, bajo Madrazo, ya tomó medidas concretas para congraciarse con el alto empresariado petrolero y la Casa Blanca, desvinculado su programa del 27 constitucional. La noción de fondo de Bush y Fox es la de "remover" a cualquier "necio" que obstaculice el fluido curso de los negocios -sean del petróleo, el gas, o del agua, entre otros-, por medio de la consolidación de una dinámica electoral a la usanza estadunidense, acaparada por un duopolio partidista.
Es significativo que el arranque del "plan 2006" estuviera a cargo de Bancomer-BBVA, uno de los principales beneficiarios, junto con Citigroup-Banamex, del paquete del FMI-BM, impulsado por Salinas, que desembocó en el escandaloso Fobaproa-IPAB y la entrega de la banca y que está en el meollo causal de la magna operación de "la compra-venta de México".
El "plan" dio inicio cuando BBVA sorpresivamente cerró varias cuentas utilizadas por organismos civiles del país y del exterior para canalizar fondos a las comunidades chiapanecas organizadas por los zapatistas. Se dejó en el aire, para que el consorcio pudiese negarlo, que la medida obedecía a la imputación de que las cuentas se usaban para lavado de dinero. La segunda movida se hizo por medio de operativos "antinarcóticos" realizados por la Sedena en Chiapas, para vincular al EZLN con el narco. La mano del imperio es inocultable: es una estrategia utilizada por EU vía su Plan Colombia sobre la que hay que llamar la atención si se toma nota de los acuerdos sobre "seguridad" firmados por los países integrantes del TLCAN. La respuesta del EZLN, de todos conocida, fue puntualmente analizada por Montemayor y Hernández Navarro, desde estas páginas.
Que López Obrador haya sido y sea uno de los principales si no es que el principal impugnador del Fobaproa y crítico de la política económica en curso y que, además, encabece las preferencias electorales tampoco es asunto menor: está en el meollo de un escenario que, como ya se experimentó en 2000, realizaría "operativos de Estado" de "provocación" en su contra, con los consabidos "guerrilleros", "terroristas" y "porros" actuando en el corazón mismo de las bases electorales, en los principales centros urbanos y de educación media y superior. Con una tal dinámica de bajo perfil se generan incidentes que, gracias a la "magia" del duopolio televisivo, se diseminan por todo el país. Se induce así una desestabilización política y anímica, "teledirigida" a emparentar y arrinconar a la "izquierda" con la "violencia" y el "narcoterrorismo". No es el voto "útil" a la Castañeda, sino el más efectivo "voto del miedo", sintetizado en aquella consigna usada por el foxismo, ¿ya se nos olvidó?, del "yo voto por la paz". El de 2000 fue un implacable "plan de juego" usado contra Cárdenas, también centrado en la manipulación del temor. Pero las condiciones del país son otras. El deterioro de la economía popular ha sido tan profundo como el debilitamiento de la legitimidad derivada de la temeraria politización del aparato judicial. Ahora, el mismo ímpetu del "desafuero" se profundiza y se materializa en este (muy) peligroso escenario político-electoral y "policial-militar" de restauración priísta. Lo que está de por medio, visto desde la cúpula imperial-oligárquica no es cualquier cosa: garantizar la continuidad para, entre otras medidas, "constitucionalizar" la entrega de la renta petrolera a las empresas extranjeras del ramo y sus socios de adentro, como se hizo con los bancos. El proyecto imperial (ver Imperialismo económico en México, Debate, 2005), consiste en un Pemex paralelo a cargo de esas empresas, mientras un cascarón se dedicaría al manejo burocrático de los hidrocarburos, según el Banco Mundial por medio de una "...agencia federal de hidrocarburos que estaría separada de Pemex..." encargada de firmar los contratos de exploración y producción con las petroleras. Sería, dice el BM "un ente similar a los existentes en EU, por ejemplo, la Land Comission en Oklahoma y la Texas Railroad Comission".
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