jueves, 16 de febrero de 2006

Fox: la sombra de Polk

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 16 de febrero de 2006.

No debe sorprender a nadie decir que Vicente Fox es un neopolko, término utilizado por don Manuel Buendía, el asesinado periodista de Excélsior, para referirse a la nueva camada de tecnócratas desnacionalizados que tomaron el poder en 1982, cuando se instauró el régimen acreedor auspiciado por Estados Unidos desde el Banco Mundial, el FMI y el BID.

La falta de una respuesta oficial, inmediata y enérgica ante la expulsión del hotel Sheraton de 16 ciudadanos de Cuba, integrantes de una delegación que realizaba negociaciones con empresarios estadunidenses, acción ordenada desde Washington, no es un asunto menor, o "administrativo" como lo presentan algunos analistas. Es una "expresión operativa" de la extraterritorialidad de la ley Helms Burton, que se observa desde hace algún tiempo, y un corolario de la doctrina Monroe, la cual sostiene que la soberanía estadunidense se extiende a la propiedad y a los contratos de sus empresas.

La aplicación extraterritorial de las leyes estadunidenses en México ocurre en medio del deterioro de los fundamentos de la estabilidad y del equilibrio sociopolítico. No se genera empleo y mientras la economía informal crece de manera desorbitada, millones de compatriotas son "desalojados" de su patria, de su hogar y de su parcela, por obra y gracia del neoliberalismo. Ellos presencian, con asombro y disgusto, cómo desde las más altas esferas del poder político y económico se desmantela el agro, la industria y el mercado nacional.

En medio de este deterioro acumulativo se generan tendencias e incidentes complejos y riesgosos para la soberanía y la seguridad nacional, como los que se protagonizan en la frontera con Estados Unidos, con la aparición de fuerzas militares "irregulares", de presuntos integrantes del Ejército Mexicano que incursionan en territorio de la nación norteña. Aunque las secretarías del ramo han negado la participación de soldados mexicanos, el embajador estadunidense, personajes derechistas y voceros de la Casa Blanca insisten en una campaña diplomático-propagandista montada en operativos "irregulares", de corte polkista, aparentemente para promover las iniciativas de "criminalización" de la inmigración, auspiciadas por la Casa Blanca.

El panorama nacional y "fronterizo" es explosivo, por lo que resulta todavía más sorprendente e inadmisible la persistencia de Fox de proceder con la privatización y extranjerización de actividades claves de Pemex abriendo el ingreso de empresas y contratistas extranjeros, precisamente en las fronteras terrestres y marítimas de México con EU, donde se han detectado importantes yacimientos de gas y petróleo: en la Cuenca de Burgos y en aguas profundas del Golfo de México. Para EU, las concesiones a sus empresas son una extensión de su soberanía.

En medio de los ecos del desmembramiento territorial de 1848, el desprecio de Fox por la Constitución, que juró defender, es inaceptable. Recuerdo que su inasistencia al cónclave del Castillo de Chapultepec, convocado por la plutocracia local, se debió a que realizaba una gira por Calgary, capital petrolera de Canadá, para promover la participación de empresas de ese país en el sector energético. Es una actitud de colaboracionismo neopolkista con intereses externos, que burla la Carta Magna y que se disemina entre sectores político-empresariales que esperan beneficios de estas operaciones.

En el encabezado de una nota de la revista Petróleo (dic 05-ene 06, p. 44), un número que dedica espacio a los contratos de servicios múltiples para aguas profundas, puede leerse: "Mientras se aprueban cambios constitucionales que abran la industria petrolera en México a la iniciativa privada, Petróleos Mexicanos prepara el camino con las grandes multinacionales para concretar alianzas estratégicas".

Ahí se informa que hasta ahora los mismos funcionarios foxistas que profundizan acciones administrativas, técnicas y hacendarias encaminadas a inducir la quiebra financiera y productiva de Pemex -principal fuente de recursos fiscales del país- ya han firmado convenios de "colaboración" con ExxonMobil, Shell, ENI, BP, TotalFina y Petrobras que "comprometen recursos prospectivos oficialmente estimados en 54 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente".

Son los mismos hacendistas sometidos al BM-BID y la Casa Blanca, que promueven las "reformas estructurales" mientras sangran a la empresa, desfinancian su mantenimiento adecuado o niegan recursos para ampliar las operaciones y adquirir la tecnología y financiamiento disponibles en el mercado internacional a fin de realizar, por cuenta propia, las operaciones en el Golfo y en la Cuenca de Burgos. Es una agresión sistemática, puntualmente analizada por José Luis Manzo en "Soberanía energética" (Memoria, enero 2006).

Para Fox, por encima de la Constitución están los negocios y los contratos, como los que auspició con Halliburton y su subsidiaria Kellow Brown and Root, muy vinculadas con la Casa Blanca, valorados en 2005, en mil 220 millones de dólares. Fox vulnera la soberanía y la seguridad nacional mexicana.

jueves, 2 de febrero de 2006

EU: el predicamento constitucional

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 2 de febrero de 2006.

La sospecha generalizada de que con la excusa de la guerra contra el terrorismo se asentó una "dictadura" en la Casa Blanca es algo que ya incomoda a George W. Bush, inquieta a personajes como Albert Gore, preocupa al Legislativo y a la prensa, y debe alarmar a la opinión pública mundial.

La sensibilidad de Bush al respecto es aguda: en una entrevista de diciembre 2005, impactada por la revelación del New York Times (NYT) sobre un vasto programa de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) contra ciudadanos estadunidenses y sin autorización judicial, se le preguntó sobre el aparente poder irrestricto (unchecked power) que refleja ese operativo.

En ese momento, "el tono usualmente relajado y jocoso del presidente cambió a uno enojadizo", y blandiendo por los aires su índice replicó: "decir 'poder irrestricto' es básicamente adscribir alguna suerte de posición dictatorial al presidente, algo que yo rechazo enérgicamente".

Bush se muestra, más que quisquilloso, amenazado por el rechazo público ante los amplios poderes que acumula al utilizar la tragedia del 11/9 y el posterior -e inexplicado- terrorismo con ántrax, como una máquina para generar poder y usurpar funciones judiciales y legislativas. Bajo el impulso de esos ataques se instauró el Estado de excepción, formalizado en la Ley Patriota, que Bush busca consolidar derechizando la Suprema Corte, dándole carácter permanente, aunque hay resistencia legislativa.

En un llamado para restaurar la legalidad, el ex vicepresidente Albert Gore expuso en el Congreso que la Constitución está en grave peligro: "muchos de nosotros hemos venido aquí, a la sala de la Constitución -localizada en el Congreso-, para tratar de colocar a un lado las diferencias partidistas y escuchar el sonido de alarma". Una aprensión compartida por el establishment mediático. Bajo el título de La presidencia imperial en acción (15-01-06), el New York Times advierte "... la urgencia de que el Congreso acote la expansión de poder del señor Bush. No existe nada en el consenso nacional para combatir el terrorismo después del 11/9 que justifique la redefinición de más de 200 años de tradición y de legalidad, por parte de un presidente dedicado a una cruzada ideológica".

Además de la Constitución, la Casa Blanca quebranta los ordenamientos legales. Según el Servicio de Investigación Legislativa, la Ley de Seguridad Nacional exige que el Ejecutivo informe a todos los miembros de los comités de inteligencia cualquier actividad de espionaje interno, como el de la NSA sobre teléfonos y correos electrónicos. El 6 de enero pasado se informó que ese servicio concluye que "las justificaciones esgrimidas por el gobierno contradicen la legalidad vigente".

Como los demócratas y un número sustancial de republicanos coinciden con la juez federal Sandra O'Connor y la American Civil Liberties Union de que el estado de guerra no justifica que el presidente viole la Constitución y los derechos civiles, sobre Bush se cierne la sombra de Nixon y Watergate, y la amenaza del desafuero. Según el ex fiscal Ramsey Clark, (www.impeachbush.org) hay pruebas sólidas para ese procedimiento, según los términos del artículo II, inciso 4, de la Constitución.

Entre otras menciona: 1) la toma del poder para desatar guerras de agresión en violación de la Constitución, la Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el derecho internacional, realizando un asalto masivo y la ocupación de Irak, país que no amenazaba a Estados Unidos, resultando en la muerte y mutilación de decenas de miles de iraquíes y de cientos de soldados estadunidenses; 2) mentir a la población estadunidense, al Congreso y a la ONU para justificar la guerra; 3) autorizar y condonar ataques directos sobre civiles, la infraestructura -salud, agua, electricidad, etcétera- y lugares donde eran inevitables las bajas civiles; 4) autorizar, ordenar o condonar asesinatos, ejecuciones sumarias, detenciones secretas e ilegales, la tortura y coerción física y sicológica de prisioneros en violación de la primera, cuarta, quinta, sexta y octava enmiendas de la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5) actuar para despojar a civiles de EU de sus derechos constitucionales y legales ordenando la detención indefinida de ciudadanos, sin acceso a defensa legal, sin cargos y sin la oportunidad de presentarse ante una corte civil, todo ello con base en poderes discrecionales y designando como "combatientes enemigos" a los inculpados; 6) autorizar tribunales militares secretos y ejecuciones sumarias de personas que no son ciudadanos, acusados a discreción del Ejecutivo, que actúa como juez, fiscal y única alternativa de apelación; 7) rehusar hacer públicas las identidades y localización de personas arrestadas y detenidas por el gobierno; 8) realizar arrestos secretos de personas dentro y fuera de Estados Unidos, negando el derecho a juicios públicos; 9) instaurar la práctica de efectuar perfiles raciales y religiosos y desplegar el espionaje doméstico contra la población sin autorización judicial.