martes, 20 de junio de 2006

Comicios: alto a la postración

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 22 de junio de 2006.

Plantear que los efectos sociopolíticos acumulados de la política económica, vigente ya durante 25 años, es asunto central para la seguridad humana -y para la "seguridad nacional"-, es algo que puede verificar quien se asome a los datos oficiales del INEGI o del Banco Mundial (BM). Es notorio el atasco del crecimiento per cápita, la no generación de empleo y la riesgosa profundización de la brecha entre ricos y pobres, y precisamente tanto el BM, el FMI y el BID han estado en el centro de la decisión para implantar este letal recetario concebido en función del interés privado nacional de EU y de las empresas de algunos de sus socios en Europa y Asia. Pero no se puede soslayar la complicidad de la oligarquía nacional, cuyo concurso históricamente y hoy es imprescindible para aplicar la política económica, asegurando eso sí, su coparticipación en la apropiación del excedente.

Cuando se analizan los efectos sociales y económicos del recetario integrado por una apertura comercial unilateral, la desregulación financiera, la flexibilización laboral, la drástica disminución de la inversión pública, el programa de privatizaciones -y la megacorrupción que le acompaña, incluyendo aquella plasmada en el Fobaproa-IPAB-, y una batería de "reformas estructurales" que impactan de manera profunda y negativa los ingresos de la población y de manera lacerante de la campesina y también al patrimonio nacional, estamos ante una implacable "guerra de clase", realizada a favor del alto capital y gestada al calor de una crisis de acumulación que se observa internacionalmente desde la década de los setenta del siglo pasado.

Montado sobre la estructura oligárquico-imperial, EU desató a sangre y fuego esa ofensiva del Bravo a la Patagonia, desgarrando países enteros, propiciando en México decisiones que acentúan de manera insostenible las desventajas comparativas estructurales sobre la base productiva nacional, dañando de paso nada menos que la capacidad de generar empleo. Plantear su continuidad y persistir en aumentos en la carga tributaria de los consumidores para enfrentar flaquezas fiscales, agravaría una tendencia que perpetúa el estancamiento, máxime si los encargados del manejo de la economía estadunidense, a la que el neoliberalismo nos amarra todavía más, incrementan las tasas de interés y manipulan las ventajas que deriva el Tesoro de EU de ser emisor del dólar.

Este panorama no es el resultado de "la globalización", sino de decisiones de clase, de la cúpula neoliberal que hegemoniza los instrumentos de Estado, a la cual el votante puede desalojar del poder. Es un fenómeno de clase, descrito de manera precisa por Samuel del Villar (Agravios nacionales, Océano, 2006), desde la perspectiva fiscal y hacendaria nacional, y por Jeff Faux (The Global Class War, John Wiley & Sons,2006), quien ofrece una descripción puntual de las componendas entre la clase gobernante de EU y sus socios mexicanos, demostrando cómo conjugaron sus esfuerzos para ampliar sus intereses por medio del TLCAN, mismos que prosiguen a través del endoso torpe y desleal de Fox a la llamada Alianza para la Prosperidad y Seguridad de la América del Norte (ASPAN), esquema oligárquico-imperial y de seguridad nacional que profundiza la desnacionalización de facto del sector petro-eléctrico y acota gravemente la jurisdicción del Estado nacional mexicano.

Del Villar logra una magistral síntesis del fenómeno. Plantea que desde De la Madrid, pero de manera señalada con Salinas, Zedillo y Fox (el PRIAN), se asentó en el país una verdadera dictadura fiscal-hacendaria que, en el proceso de aniquilar el estado derecho, atrofia la economía y degrada la sociedad, con costos estratosféricos: "sólo la que deriva del Fobaproa de 1994 a 1998, y del IPAB, desde 1999 a la fecha, alcanza un 'costo fiscal' de un billón 300 mil millones de pesos, que representa 19 por ciento del PIB" (p. 59). El orden de magnitud de tal sangría de recursos públicos es ignorado por la prensa estadunidense, que si considerara su equivalente nacional, lo vería desde otra perspectiva. Si el PNB de Estados Unidos toca los 12 billones (trillions) de dólares y con el gasto público de mayores dimensiones registrado para nación alguna en los 500 años de la era moderna, pues sólo el de su gobierno federal es de 2.3 billones, una desviación semejante de los recursos públicos por medio de un hipotético desvío de 19 por ciento del PNB de esa nación (poco menos de 2.4 billones), a favor de una corrupta cúpula local y de bancos e inversionistas extranjeros, habría generado ahí una hecatombe político-electoral, judicial y constitucional. Para calibrar mejor: la mayor defraudación contable corporativa detectada en EU, perpetrada por Enron -la empresa encargada del "diseño energético" de Fox- palidece ante el magno despojo de "nuestro" Fobaproa-IPAB. En EU no se percibe cuán vital es para México acabar, por la vía pacífica y electoral, con "la más formidable defraudación bancaria y corrupción organizada que todavía mantiene postrado al país".

jueves, 8 de junio de 2006

Calderón, Madrazo: ¿adiós a Pemex?

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 8 de junio de 2006.

La codicia sin límite está en la base de los esfuerzos, desesperados, de los "cabeza caliente" de la derecha, por mantener bajo "blindaje político", la vasta gama de operaciones irregulares, y la megacorrupción gestadas en torno al Fobaproa-IPAB, estimadas en 120 mil millones de dólares, y las igualmente vastas ilegales e inconstitucionales operaciones que se realizan en Pemex en lo que es la puesta en operación de un diseño gestado desde la Casa Blanca, encaminado al apoderamiento de su inmenso portafolio de negocios. Por lo que se recurre a todo tipo de operaciones de propaganda y operaciones negras para evitar que desde Los Pinos se articule una propuesta alternativa que ponga coto al saqueo de la hacienda pública y de la principal empresa de la nación.

Las manifestaciones de criminalidad de Estado por medio del uso de la violencia estatal incluyendo feroces ataques a la población, serían escenarios de "cabezas calientes" que pueden "reactivarse" en el último tramo comicial, parte de una táctica ultraderechista que intenta hilvanar lazos sicosociales entre la propaganda del miedo y la activación de atentados para generar el abstencionismo y el voto del miedo, como intentó hacer Aznar en España, infructuosamente.

El objetivo de tan irresponsable actuación estatal es proseguir con el gran despojo en curso. Sus beneficiarios recurren a la "criminalidad de Estado" que ahora se detecta, impune en el sector de "cuello blanco" que desde su dirección general maneja Pemex, empresa pública cuyo portafolio de negocios está en la mira del alto empresariado petrolero de EU y sus "socios" bien colocados dentro de la empresa. El diseño más reciente de privatización de facto es "SUMA por un solo Pemex", el cual, según fuentes internas que participan en su ejecución, "responde a indicaciones que habrían dado desde EU a Ramírez Corzo, actual director general de Pemex, para agilizar las gestiones para poder explorar y explotar crudo en México sin oposición, más allá de los contratos de obra, arrendamiento y aún sobre los Contratos de Servicios Múltiples que beneficiaron principalmente a empresas como Halliburton" (Fortuna, mayo de 2006). Según un documento confidencial en poder de Fortuna, el nuevo esquema reorganiza a Pemex para dar entrada al sector privado, "nacional y sobre todo extranjero" (p. 5) en la producción, refinación y comercialización de crudo. Todos los instrumentos del estado de derecho son echados por la borda, desde la Ley Orgánica de Pemex que obliga a someter un proyecto de esta envergadura a su consejo de administración para luego llevarlo ante el Legislativo, hasta la Constitución. SUMA evade la autorización del Congreso para su publicación, "... pues de acuerdo con funcionarios de Pemex que participaron en la elaboración del mismo, el proyecto se ha empezado a aplicar en algunas áreas desde noviembre del año pasado" saltándose virtualmente todo el estado de derecho y todos los trámites. Esta "ilegalidad de cuello blanco" estatal se realiza en medio del tráfico de influencias, la impunidad y la desvergüenza.

En su importante reportaje Ana Lilia Pérez indica que, "de acuerdo a estimaciones de funcionarios que participan en el SUMA y que proporcionaron una copia del documento, aplicar el proyecto de Ramírez Corzo costará a la paraestatal mil 500 millones de dólares, que incluye el costo de la restructuración y la liquidación o jubilación, en tres anualidades, de 20 mil trabajadores". Llama la atención que los impulsores del esquema, al tiempo que persisten en su guerra de clase contra trabajadores y técnicos mexicanos, "desalojándolos" de Pemex dan entrada a contratos con empresas extranjeras. Asumen que gozan de un fuero especial, de una "protección" política y que seguirán haciéndolo "después" de las elecciones. Muestran la misma convicción que el secretario de Energía, cuando fue a La Jolla, California, a anunciar a los petroleros estadunidenses que la entrega de Pemex es cosa de días. Muy confiados de que un privatizador de Pemex y Comisión Federal de Electricidad como Calderón o Madrazo accederá a Los Pinos.

SUMA operaría con tres direcciones corporativas: la de Operaciones, de Administración y de Finanzas (DCF). Ramírez Corzo desaparece todo lo que suene a Ingeniería petrolera mexicana y desarrollo de proyectos. De eso se encargarían Halliburton, Bechtel y Schlumberg, con aval de Hacienda y el Banco Mundial desde la DCF. Es cirugía mayor: cambios a la Ley Orgánica de Pemex, al Contrato Colectivo de Trabajo, al Consejo de Administración. Como un pequeño Napoleón, este Ramírez "Corzo" se coloca como el emperador: "las tres direcciones corporativas incluidas tomarán en sus manos todas las operaciones de las filiales y subsidiarias de Pemex, bajo el mando del director general". Todo gira en torno al botín, o sea, el portafolio de negocios de Pemex valorado en decenas de miles de millones de dólares: "el director general y una junta de gobierno tendrán la última palabra en el portafolios de negocios que incluye a empresarios como consejeros independientes".