La Jornada.
México 22 de junio de 2006.
Plantear que los efectos sociopolíticos acumulados de la política económica, vigente ya durante 25 años, es asunto central para la seguridad humana -y para la "seguridad nacional"-, es algo que puede verificar quien se asome a los datos oficiales del INEGI o del Banco Mundial (BM). Es notorio el atasco del crecimiento per cápita, la no generación de empleo y la riesgosa profundización de la brecha entre ricos y pobres, y precisamente tanto el BM, el FMI y el BID han estado en el centro de la decisión para implantar este letal recetario concebido en función del interés privado nacional de EU y de las empresas de algunos de sus socios en Europa y Asia. Pero no se puede soslayar la complicidad de la oligarquía nacional, cuyo concurso históricamente y hoy es imprescindible para aplicar la política económica, asegurando eso sí, su coparticipación en la apropiación del excedente.
Cuando se analizan los efectos sociales y económicos del recetario integrado por una apertura comercial unilateral, la desregulación financiera, la flexibilización laboral, la drástica disminución de la inversión pública, el programa de privatizaciones -y la megacorrupción que le acompaña, incluyendo aquella plasmada en el Fobaproa-IPAB-, y una batería de "reformas estructurales" que impactan de manera profunda y negativa los ingresos de la población y de manera lacerante de la campesina y también al patrimonio nacional, estamos ante una implacable "guerra de clase", realizada a favor del alto capital y gestada al calor de una crisis de acumulación que se observa internacionalmente desde la década de los setenta del siglo pasado.
Montado sobre la estructura oligárquico-imperial, EU desató a sangre y fuego esa ofensiva del Bravo a la Patagonia, desgarrando países enteros, propiciando en México decisiones que acentúan de manera insostenible las desventajas comparativas estructurales sobre la base productiva nacional, dañando de paso nada menos que la capacidad de generar empleo. Plantear su continuidad y persistir en aumentos en la carga tributaria de los consumidores para enfrentar flaquezas fiscales, agravaría una tendencia que perpetúa el estancamiento, máxime si los encargados del manejo de la economía estadunidense, a la que el neoliberalismo nos amarra todavía más, incrementan las tasas de interés y manipulan las ventajas que deriva el Tesoro de EU de ser emisor del dólar.
Este panorama no es el resultado de "la globalización", sino de decisiones de clase, de la cúpula neoliberal que hegemoniza los instrumentos de Estado, a la cual el votante puede desalojar del poder. Es un fenómeno de clase, descrito de manera precisa por Samuel del Villar (Agravios nacionales, Océano, 2006), desde la perspectiva fiscal y hacendaria nacional, y por Jeff Faux (The Global Class War, John Wiley & Sons,2006), quien ofrece una descripción puntual de las componendas entre la clase gobernante de EU y sus socios mexicanos, demostrando cómo conjugaron sus esfuerzos para ampliar sus intereses por medio del TLCAN, mismos que prosiguen a través del endoso torpe y desleal de Fox a la llamada Alianza para la Prosperidad y Seguridad de la América del Norte (ASPAN), esquema oligárquico-imperial y de seguridad nacional que profundiza la desnacionalización de facto del sector petro-eléctrico y acota gravemente la jurisdicción del Estado nacional mexicano.
Del Villar logra una magistral síntesis del fenómeno. Plantea que desde De la Madrid, pero de manera señalada con Salinas, Zedillo y Fox (el PRIAN), se asentó en el país una verdadera dictadura fiscal-hacendaria que, en el proceso de aniquilar el estado derecho, atrofia la economía y degrada la sociedad, con costos estratosféricos: "sólo la que deriva del Fobaproa de 1994 a 1998, y del IPAB, desde 1999 a la fecha, alcanza un 'costo fiscal' de un billón 300 mil millones de pesos, que representa 19 por ciento del PIB" (p. 59). El orden de magnitud de tal sangría de recursos públicos es ignorado por la prensa estadunidense, que si considerara su equivalente nacional, lo vería desde otra perspectiva. Si el PNB de Estados Unidos toca los 12 billones (trillions) de dólares y con el gasto público de mayores dimensiones registrado para nación alguna en los 500 años de la era moderna, pues sólo el de su gobierno federal es de 2.3 billones, una desviación semejante de los recursos públicos por medio de un hipotético desvío de 19 por ciento del PNB de esa nación (poco menos de 2.4 billones), a favor de una corrupta cúpula local y de bancos e inversionistas extranjeros, habría generado ahí una hecatombe político-electoral, judicial y constitucional. Para calibrar mejor: la mayor defraudación contable corporativa detectada en EU, perpetrada por Enron -la empresa encargada del "diseño energético" de Fox- palidece ante el magno despojo de "nuestro" Fobaproa-IPAB. En EU no se percibe cuán vital es para México acabar, por la vía pacífica y electoral, con "la más formidable defraudación bancaria y corrupción organizada que todavía mantiene postrado al país".
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