jueves, 29 de marzo de 2007

Oaxaca: estrategia de tensión


John Saxe-Fernández
La Jornada.
29 de marzo de 2007.


El documento elaborado por la Comisión Civil Internacional de los Derechos Humanos (CCIODH), producto de una amplia y cuidadosa investigación y observación en torno a los acontecimientos que cimbraron a la nación a finales de 2006 desde Oaxaca y cuyos elementos dinamizadores siguen hasta hoy presentes, es un aporte de gran alcance que amerita, en todos y cada uno de sus apartados (ricos en testimonios y análisis sobrios), la mayor atención y reflexión. Es un texto turbador y no por ello menos sólido y sustentado en un amplio programa de entrevistas que incluyó de manera manifiesta a los sectores involucrados en el conflicto.


Me referiré sólo a la primera conclusión, de considerable importancia, porque explica (textual), "que los hechos ocurridos en Oaxaca son un eslabón de una estrategia jurídica, policiaca y militar, con componentes sicosociales y comunitarios cuyo objetivo último es lograr el control y amedrentamiento de la población civil en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista"-las negritas son mías.


Al escarbar en la masa de hechos, manejos informativos y deformaciones que han rodeado el conflicto en Oaxaca se observa de manera nítida que el esquema de corte jurídico-policial-penal y militar no se limita a la vigilancia, intimidación y desactivación de la resistencia civil pacífica -participe o no en partidos opositores-, sino que va más allá: los datos ofrecidos por este bien logrado registro de un fenómeno complejo, así como las observaciones provenientes de otras fuentes de análisis, ponen al descubierto fuerzas y procesos de orden mayor, que se proyectan desde el ámbito local al nacional e internacional.


Es necesario colocar el mencionado encadenamiento de hechos violentos y procesos represivos en el contexto de lo que se conoce como la "estrategia de la tensión". Como se recordará, ese mecanismo, centrado en el viejo recurso de la provocación, fue utilizado en el ascenso nazi y también puesto en operación de manera intensa durante la guerra fría. En Italia, el ex primer ministro Guilio Andreotti estremeció a la opinión pública de su país cuando dejó constancia ante el Parlamento de los frecuentes operativos de provocación (asaltos, balaceras, incendios, ataques terroristas, asesinatos, etcétera), atribuidos a grupos progresistas o fuerzas y partidos izquierdistas, con objeto de justificar y lanzar sobre ellos la represión oficial.


Luego se dejó saber que para esas operaciones "clandestinas" se utilizaban las "fuerzas especiales" (de corte para-militar y para-policial) del aparato de seguridad del Estado, con la participación de contrapartes del exterior, como la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y el sector de inteligencia militar de la OTAN.


Pero no es necesario ir muy lejos en busca de "eslabones" en el contexto de la estrategia de tensión. Recuérdese que luego del fallido intento del PRI y del PAN por rescindir los derechos políticos de AMLO, Fox procedió, sin que el IFE lo frenara, a restar cualquier viso de "equidad" al proceso electoral lanzando un asalto multifacético contra el líder opositor y los partidos políticos que lo respaldan, devastando la integridad y credibilidad comicial, instaurándose, de nuevo en la historia nacional otro régimen de usurpación electoral, como en 1988. Todo ello, con el "respaldo" de operativos de seguridad y de provocación y de una represión de inusitada intensidad y violencia para atemorizar a la población, como en Atenco y en la Siderurgia Lázaro Cárdenas, como lo ilustré desde estas páginas.


Sobre el vandalismo que se suscitó el 25 de noviembre de 2006 en el que se registró la destrucción de varios inmuebles, entre ellos nada menos y más simbólico que el edificio del Tribunal Superior de Justicia y la sede del Poder Judicial Federal en Oaxaca, y "que los dirigentes de la APPO niegan haber realizado", el periodista Miguel A. Granados Chapa (La Voz de Michoacán, 6-XII-06) indica que la operación "parece haber sido cuidadosamente planeada para asestar el golpe final a esa organización y consolidar al gobernador Ulises Ruiz" y agrega significativamente, que, "guardadas todas las proporciones, el acontecimiento recuerda el incendio del Reichstag de Berlín por los nazis".


Que algo similar se detecte en Oaxaca después de las elecciones indica que la "estrategia de la tensión" -y la correspondiente suspensión de garantías, propias a un "estado de excepción", se adopta como método de gobierno. Dado el cuadro de criminalidad y violencia oficial a ultranza, de arbitrariedad judicial-penal que documenta la CCIODH, conviene advertir sobre su proyección a nivel nacional, protagonizada por el arresto del liderato de la APPO y la reciente razzia perpetrada contra sus oficinas -una acción realizada con el aval y la participación del gobierno perredista del DF-, por lo que no es riesgoso afirmar que existe un sensible deterioro en la vigencia del estado de derecho, fundamento de la paz social. Es algo de gravedad extrema.

jueves, 15 de marzo de 2007

Estado de excepción: abismo fratricida


John Saxe-Fernández
La Jornada.
México, 15 de marzo de 2007.


El "desborde" hacia México del "estado de excepción", instaurado en Estados Unidos por la ultraderecha que ocupa la Casa Blanca, se acentuó con Vicente Fox y se profundiza con Felipe Calderón en lo que, junto a la "mano dura" militar, es otra expresión de la ilegitimidad del régimen de usurpación electoral que encabeza, producto de la acentuada "politización" del Poder Judicial, manifiesta en los comicios de julio pasado. También por su sumisión al interés del gobierno de Bush porque México adopte los procesos policial-judiciales, de espionaje y de administración penal vigentes en EU después del 11-9, que aumentaron en exceso los poderes del Ejecutivo. Esto es parte de arreglos de Fox con Bush -en la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de la América del Norte- para, entre otros propósitos, ampliar "el perímetro de seguridad" de EU y el modus operandi de su estado de excepción y sus campos de detención y penales de alta seguridad.

Calderón se adhiere a tal designio con la gestión urgente para legalizar las "herramientas judiciales" que usa la presidencia imperial de Bush bajo la cubierta de la guerra antiterrorista o contra el narcotráfico y el crimen organizado, que conllevan para México el intervencionismo de EU por la vía judicial, la incertidumbre sobre garantías individuales, derechos políticos y la suspensión de principios básicos como el habeas corpus, ya vulnerado en EU.

Aunque Calderón busca separar la visita de Bush del paquete de medidas de excepción, publicadas horas antes de la cumbre de Mérida, para que no se infiera que recibe línea del norte, es obvio el auspicio estadunidense. No es casual que lo mismo ocurra en Canadá. Se trata del "espejo" de leyes, decretos y prácticas de la Casa Blanca, plagadas de arbitrariedad y de cesación del estado de derecho, para realizar cateos, detenciones, espionaje telefónico y arraigos sin freno.
En México, a la precaria vigencia de los derechos humanos, civiles y políticos se agrega, como advirtió el Grupo Sur, una palpable criminalización de la oposición y de la resistencia civil pacífica a un régimen que ataca la economía popular y se empeña en entregar el petróleo, la electricidad y el resto del patrimonio y recursos del país. Al combinar el estado de excepción con la "mano dura" se induce el desequilibrio "cívico-militar" y se nos enfila hacia un abismo fratricida.

Para Bush y sus dos subordinados ultraconservadores en México y Canadá, la vigencia del estado de derecho es una traba en la guerra antiterrorista, contra el narcotráfico y el crimen organizado. Dejan abierta la puerta a los abusos de un Poder Judicial "politizado" y bajo su tutela. El blueprint es inducido acá por medio de "préstamos" del Banco Mundial, que desde 2004 y por ruego de Fox, financia clientelas para la "modernización" judicial.

Datos logrados por Luis Guillermo Hernández muestran que al igual que Bush, Calderón no espera la venia legislativa. Su gobierno otorgó a Verint Technology Inc, de EU, un contrato (S-INLEC-07-M-0002) por 2 millones 963 mil 438 dólares. Su "misión": la intervención de todas las comunicaciones; el objetivo central, "disuadir, prevenir y mitigar los actos criminales en México, que incluyen el narcotráfico y el terrorismo". Siguiendo la pauta autocrática del norte, Los Pinos usa el erario para, como dice Hernández, "escuchar todas las conversaciones, leer todos los correos electrónicos, navegar todas las páginas web e intervenir llamadas a celular, en cualquier parte de México". También se nos informa que la Oficina Federal de Investigación (FBI) indica a la Procuraduría General de la República qué es y qué no es riesgoso o amenazante "para la seguridad de los dos países".


Se emula a la Fiscalía General de EU que detenta Alberto González, mientras Calderón acepta que Washington guíe sus pasos y definiciones sobre asuntos capitales para la soberanía. Las muchas irregularidades, ilegalidades e inconstitucionalidades de Bush, justificadas por González (no menos que las más groseras apologías para la violación del derecho penal internacional), llevó la semana pasada al New York Times (NYT, 11/3/07) a declarar que en realidad González nunca ha dejado de ser el consigliere de la presidencia imperial de Bush. Esto por los conspicuos abusos de la FBI detectados por el inspector general del Departamento de Justicia, sobre el espionaje electrónico y telefónico "autorizado" por la USA Patriot Act, y al uso político que hace el fiscal de esos instrumentos del estado de excepción. Su insolvencia para conducirse como corresponde y defender la Constitución indica lo imperioso de su renuncia.


El NYT, vocero de una importante fracción del alto capital, plantea que la usurpación de funciones de los otros poderes que hace Bush y su desdén por la Constitución se cobija bajo la noción, absurda, respaldada por el fiscal, de que "como comandante-en-jefe en tiempos de guerra, puede ignorar las leyes que considere le obstaculizan en sus tareas" (ibid).
Ahora Calderón, el "lince" electoral, emula al usurpador del norte.

jueves, 1 de marzo de 2007

11/9: Afganistán, Irak, ¿Irán?


John Saxe-Fernández
La Jornada.
México, 1° de marzo de 2007.


Con los neoconservadores en el poder en Estados Unidos se detecta un intenso uso y abuso de la ''palanca militar''. Existe una propensión histórica de la rama ejecutiva por usurpar funciones legislativas y judiciales, recurriendo, entre otros mecanismos, a operativos militares en el exterior, y lo que hoy se conoce como ''operaciones clandestinas''.

Daniel Ellsberg en los Documentos del Pentágono, comprobó una de ellas, cuando Johnson, por medio de la Ley del Golfo de Tonkín (1964), logró ''poderes de guerra'' usando operativos de provocación desplegados por la Marina y atribuidos a Vietnam del Norte. Que algo semejante haya ocurrido el 11/9 es una hipótesis plausible a raíz de recientes investigaciones sobre la actuación y los ''diversos y simultáneos simulacros'' ahora detectados en las diversas instancias militares encargadas de la defensa del espacio aéreo, y que dejaron al país inexplicablemente indefenso, precisamente en ''el espacio temporal'' de esos ataques.

El primero de febrero el ex asesor de seguridad nacional, Zbigniew Brzezinski, advirtió al Senado sobre un escenario análogo al notar, primero, que en el caso de Irán podría ocurrir ''un acto terrorista en Estados Unidos, atribuido a Irán, que culminaría en acciones militares ''defensivas'' contra ese país. La prensa decidió censurar a Brzezinski, quizá porque indicó que este tipo de ''manejos'' no son ajenos al aparato de seguridad nacional. Lo cierto es que el 11/9 se usó para justificar la petroguerra contra Afganistán e Irak. El escenario es distinto a la operación del Golfo de Tonkín, porque procede desde ''adentro'' hacia ultramar, tratándose entonces de un ''putch'', american style.

Un análisis detallado de las decisiones tomadas después de los ataques del 11/9 muestra, en segundo lugar, que se le utilizó a la manera nazi, ''como una máquina para la manufactura de poder'', como expuso Golo Man cuando escribió sobre el incendio del Reichstag (febrero 1933). Atribuido a Marinus van der Lubbe, el incendio del Parlamento alemán se usó como excusa para reprimir con violencia a la oposición. En marzo de ese año, 20 mil comunistas habían sido arrestados, y pocos meses después el número, incluyendo a decenas de miles de socialdemócratas, llegaba a 100 mil prisioneros. Las cifras oficiales de los opositores muertos ''bajo custodia'' se elevó a 600, y fueron miles los torturados. La noche después de esos hechos, por medio de un ''decreto del incendio'' (Fire Decree) se suspendieron las libertades civiles, incluyendo el habeas corpus y, pocas horas después, por medio de la ''Ley de atribuciones'' (Enabling Act) aprobada por el Parlamento al calor de la indignación del incendio, se otorgaron poderes al gabinete de Hitler para gobernar por medio de decretos, sin requerir autorización del Parlamento o del presidente.

Esta ''ley'' de excepción, junto con el Decreto del incendio, dice Richard J. Evans (The Third Reich in Power, Londres, Penguin 2005), ''proporcionaron el pretexto legal para la creación de una dictadura''.

Menciono el caso alemán porque en su declaración ante el Senado, Brzezinski notó que a diferencia de la Alemania de Hitler ''todavía'' el Congreso de Estados Unidos tiene capacidad para controlar al Ejecutivo.

Antes del 11/9 el gobierno de Bush mostró hostilidad hacia los derechos civiles y políticos, estorbando la aplicación de la Ley de libertad de información. Poco después de los ataques, Bush contaba con ''poderes de guerra'', la USA Patriot Act y la Homeland Security Act, que cancelan derechos constitucionales básicos.

Pero Bush y John Ashcroft, entonces fiscal general, querían más poderes de excepción. En noviembre de 2003 Ashcroft firmó una orden ejecutiva autorizando a agentes del FBI a entregar evidencias a las policías locales, facilitando la ''custodia'' de ''individuos sospechosos'', es decir, ciudadanos, no-ciudadanos, extranjeros legales e inmigrantes ilegales.

Miles de inmigrantes son detenidos y deportados con cualquier excusa, mientras el gobierno logró la aprobación de una Ley marcial (2006) que le permite al presidente declarar un estado de ''emergencia pública'' y usar tropas en territorio estadunidense, tomando además bajo su control la Guardia Nacional. Por medio de un dispositivo de la Administración Federal de Emergencias (FEMA) denominado Rex 84, planteado ante un hipotético ''éxodo masivo de mexicanos'' o de ilegales, se les detendría rápidamente y, según datos ofrecidos por Allen Roland (globalresearch.ca) serían enviados a campos de detención operados por FEMA, algunos de ellos contratados a Kellog Brown and Root, la subsidiaria de Halliburton, empresa cercana a Cheney y que Fox metió en Pemex. La Ley marcial estipula que se operaría contra ''extranjeros ilegales'', ''terroristas potenciales'' y otros ''indeseables'', es decir, disidentes dentro o fuera del gobierno y su aparato de seguridad. ¿Son disposiciones por si Bush ataca a Irán y se originaran protestas callejeras o ''dentro'' del gobierno? Fuentes de inteligencia dicen que altos generales y almirantes ''están preparados para renunciar si Bush procede contra Irán''.


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