jueves, 28 de febrero de 2008

Desaciertos mayúsculos


John Saxe-Fernández




La Jornada, México,
28 de febrero de 2008.



En el poder por 26 años, el neoporfiriato lanza ahora un paquete de “reformas estructurales” de corte energético, policial-militar y judicial-penal, que coloca en riesgo las bases de la soberanía. Es parte de un rosario de políticas que fomenta la depredación enriquecedora de una minoría y empobrece, a perpetuidad, a más de 100 millones de mexicanos, desalojados de sus empresas públicas y expulsados de su espacio nacional, a un ritmo anual de más de 600 mil, que migran a EU en busca de empleo.

No es por las fuerzas inexorables de la globalización, sino por el tipo de componendas y esquemas derivados de la torpe negociación de la crisis deudora de 1982 y de los acomodos que siguieron al estallido de 1994 que acentuaron la desnacionalización de la toma de decisiones económicas, que se extiende a Pemex-CFE y al área policial/ militar y judicial/penal. A pesar de que se retiró la polémica decisión de permitir allanamientos de morada sin orden judicial, la reforma judicial contiene regresiones que, como en EU y en Canadá, comprometen los derechos humanos, políticos y civiles de la población, como es el espionaje oficial sobre información privada. Ya el jurista Sergio García Ramírez advirtió sobre éstos y otros elementos que plantean la amenaza de intervención del Estado en las libertades de los ciudadanos porque “los procesos de consignación, orden de aprehensión y la formal prisión se han flexibilizado… Y en estos procesos están en gravísimo trance los derechos humanos; no es razonable despachar con levedad de argumentos una consignación o una orden de aprehensión”. (Proceso, 24/2/08). En su criterio esto es un “desacierto mayúsculo”, porque al aligerarse la carga probatoria previamente al Ministerio Público “significará que en adelante, los obsequios de órdenes de aprehensión y consignación serán muchos” (ibid).

En la antesala de un asalto al patrimonio petroeléctrico de la nación mexicana, estas propuestas, que inciden en la esencia misma del Estado, son auspiciadas bajo la rúbrica de una “integración profunda” de la “América del Norte” y forman parte de una construcción social orientada a la criminalización de la resistencia civil y a la rapiña antinacional. La constitucionalización del Estado policial, bajo el superficial pretexto de “agilizar los procedimientos penales”, ocurre en medio de una desestabilización que acumula más de 25 años de agresión y despojo contra la economía popular y de la clase media (Aguas Blancas, Atenco, Oaxaca, Pasta de Conchos, etcétera) y cuando está en puerta la “legalización” de la privatización en curso de Pemex-CFE, empresas vitales para la construcción de un futuro nacional viable.

El paquete de iniciativas sigue los criterios de “integración profunda” impulsados por Washington en las reuniones secretas de la ASPAN, celebradas en Waco, Texas (2005), Banff, Alberta (2006) y en Montebello (2007) con la concurrencia de Bush, Harper y Fox/Calderón, de representantes de los monopolios de EU y sus contrapartes en México y Canadá, así como de la cúpula militar y de inteligencia, todos bajo la batuta de la Casa Blanca. Fueron deliberaciones para establecer un Estado policial-militar, realizadas a espaldas de la población, de las legislaturas y del estado de derecho.

La advertencia de García Ramírez de que se está abriendo “una gran ventana de oportunidades para acomodar a la policía como le convenga a cada estado, o subordinarla a los municipios incluso”, con lo que el MP no tendría la capacidad de “supervisar y sujetar la actuación de la policía durante una investigación, incidiendo en la relación entre el MP, la policía y el ciudadano” adquiere importancia mayor porque en verdad es expresión manifiesta de un desborde del Estado de excepción de EU hacia sus dos vecinos, con auspicio del Pentágono que algunos perciben como un “golpe de Estado en cámara lenta”.

En Canadá se agudiza la pérdida de soberanía territorial. Sin enterar a la opinión pública de ese país, el pasado 14 de febrero su gobierno y el estadunidense acordaron, desde el Comando Norte, establecido por Rumsfeld en 2002, que cada nación pueda enviar tropas al territorio de la otra “durante una emergencia civil”. Tanto este esquema como la Iniciativa Mérida entre EU y México –de la que no se conocen detalles– son parte de la mencionada agenda de la “integración profunda”, cuyo plan de acción incluye (textual) “la homologación y armonización de los procedimientos policial/penales” y “un incremento en la integración militar-policial”. Para abrogar restricciones legales a la privatización en curso de Pemex y CFE se promueve “una estrategia energética común” para la “modulación y desregulación del mercado energético de la América del Norte”. También se mencionan barreras “tarifarias” comunes y la “negociación en bloque” con el “exterior”.

Es integración “profunda” en petróleo, gas, electricidad, agua, infraestructura, seguridad y política exterior. No desaparece ni el muro ni el apartheid laboral. Lo que se desvanece sería “México” y “Canadá” como entes soberanos.

jueves, 14 de febrero de 2008



Pemex: tejiendo su democratización






John Saxe-Fernández

La Jornada, México,
14 de febrero de 2008


Todo en la política tiene sus tiempos, sean acciones electorales, financieras o mediáticas, en especial si son iniciativas legislativas que acarrean fabulosos beneficios para algunos grupos de interés: tal es el caso de los esfuerzos dirigidos a “legalizar” –por la vía de 18 ordenamientos legales– la privatización del patrimonio petrolero y eléctrico de la nación. En este caso esos tiempos están imbricados con el “escudo” que Los Pinos ofrece a las complejas gestiones de ingeniería financiera de este magno despojo. Es toda una hazaña anti-nacional y anti-popular en la que se juega el destino nacional. El sector energético es el principal eje de acumulación y además, la primordial fuente de recursos fiscales del gobierno, en porcentajes cercanos a 50 por ciento del presupuesto federal.

Dado que el llamado “capital político” del calderonismo se agota velozmente ante la desaceleración económica, las calamidades de la temeraria militarización de la campaña contra el crimen organizado –en detrimento de los derechos humanos, legales y políticos de la población–, así como por el brutal asalto del modelo vigente contra la economía familiar, los tiempos para tejer redes financieras se acortan rápido.

Los costos políticos de la iniciativa son muy altos y el calendario electoral legislativo, en 2009, acecha. Por lo que PRI-AN y Prisa tienen prisa para que se abra el sector y se dé cubierta legal a los negocios y contratos en curso. Al inicio mismo de 2008 Prisa sentó las bases del “escenario de línea dura” en radio y televisión en torno al debate “energético” mediante el despido “preventivo” de Carmen Aristegui. Seguro que en la disputa por el petróleo se contempló la necesidad de que imperara la unanimidad de opinión a favor de los privatizadores por lo que los valores, la agudeza analítica y el profesionalismo de Aristegui, expresado en su apertura a un amplio espectro de opiniones sobre cualquier tema, simplemente no “calzara” y les resultó estorboso. La actuación drástica de Prisa es porque en Washignton, Madrid y Los Pinos-Bucareli quieren el negocio “hoy, hoy, hoy”.

El PRI también tiene urgencias. En los albores del año Emilio Gamboa Patrón, su coordinador en la Cámara de Diputados, se apresuró a remachar las argucias usadas por el gobierno y las empresas interesadas en el desvalijamiento: “que por falta de recursos y tecnología era necesario abrir a la participación privada las operaciones de exploración y explotación de petróleo en aguas profundas, y también en la generación de energía eléctrica”, agregando que “no se trata de modificar la Constitución”. No sería una “privatización plena”, sino una “reforma integral”.


En la argumentación de la derecha antinacional, de sus aliados en el PRI y unos adeptos vergonzantes del PRD, se reproduce lo que Carlos Montemayor ve como expresión –patente y patética– del “realismo mágico”, ya que se nos informa, con toda la cara dura del caso, que además de “modernizar”, la “iniciativa” no privatiza sino que “democratiza” a Pemex-CFE, “bursatilizándolas”.


Los registros de intentos similares, realizados en el último tramo del gobierno de Zedillo, indican que es un proceso “democratizador” complejo y poco transparente en el que participa la International Finance Corporation y la Agencia Internacional de Acuerdos Multilaterales, ambas orgánicamente vinculadas al Banco Mundial. Un diseño de ingeniería financiera planteados para Pemex, a cargo de la empresa Agincourt se realizaría por medio del Investors Guaranty Fund LTD (IGF). En La compra-venta de México (Plaza & Janés, 2002, p 353 y ss) describo un diseño de 1997 para crear el Programa Mexicano de Desarrollo por medio de la inversión directa de IGF. El capital se generaría colocando títulos conocidos como “Mexico Energy and Export Development Series Adjustable Rate Guaranteed Investment Agreements” o MEXDS GIA en dólares, con la participación de bancos internacionales e inversionistas institucionales bajo liderazgo de empresas de solvencia moral, contable y técnica –como Enron–, otras tipo Halliburton y varias de acá.


Siguiendo sus costumbres Agincourt seleccionó a las Bermudas como base jurisdiccional de operación por “su estable medio ambiente económico, su excelente infraestructura tecnológica y profesional y su compromiso, no superado, a favor de los negocios internacionales y en especial de los servicios financieros” de Wall Street. Estos son los paraísos financieros –y fiscales– escogidos en el pasado reciente como ideales para “democratizar” a Pemex y tejer la ingeniería financiera-especulativa que le permita a los gobernantes, legisladores, sus socios y cabilderons, “flexibilidad” para hacer sus negocios: los impulsores de la iniciativa deben informar desde cuál paraíso fiscal van a “no-privatizar” y “democratizar” a Pemex, arrojando la renta petrolera y el futuro de la nación, al piso de remates de Wall Street. Esperaríamos que nos recuerden desde sus villas en la Costa Azul. Como diría Roberto Hernández, “allá los mexicanos que se hagan bolas”.